Validar ingresos, el verdadero reto de la inclusión financiera en México

La información es el recurso más escaso del sistema financiero mexicano. De acuerdo con la experiencia en la industria, apenas el 10% de la población cuenta con una calificación crediticia sólida; entre 20% y 25% se ubica en categoría subprime; y el 70% restante es invisible para los modelos tradicionales de riesgo. No son personas sin ingresos, son personas sin datos. Y mientras no se cierre esa brecha, la inclusión seguirá siendo más promesa que realidad.

El acceso al crédito sigue atrapado en una lógica que confunde comportamiento con capacidad. El historial crediticio dice cómo se ha manejado un producto financiero; la capacidad de pago determina si alguien puede cumplir un compromiso económico hoy. En México, este segundo elemento tiene un peso marginal porque la validación de ingresos ocurre mediante procesos manuales, recibos de nómina cargados en PDF, documentos impresos, fotografías borrosas y un largo etcétera que abre la puerta a duplicidades, errores y fraudes.

Ese vacío crea un círculo vicioso. Si una institución no puede conocer el ingreso real de una persona, la clasifica como de alto riesgo; y si es de alto riesgo, la única forma de compensarlo son tasas elevadas. El resultado es excluyente. Quienes más necesitan financiamiento son los que menos pueden obtenerlo.

En otros países como Estados Unidos, donde empresas como The Work Number de Equifax llevan años construyendo modelos basados en ingresos verificados, la ecuación es distinta. Allí, los datos confiables no solo reducen la incertidumbre, se han convertido en un negocio más rentable que el propio buró de crédito.

Los invisibles del sistema

La exclusión no se limita a trabajadores por cuenta propia o a personas sin afiliación formal. Incluye a quienes participan en economías crecientes que ya dejan trazabilidad digital como conductores de plataformas, repartidores, vendedores por catálogo, freelancers o personas que reciben remesas. Todos ellos generan flujos de ingreso continuos, pero sin un mecanismo legítimo para validarlos.

También existen inconsistencias dentro del sector formal. Los registros de IMSS o ISSSTE, aunque útiles, suelen presentar subregistros o topes salariales que no reflejan con precisión los ingresos reales. Por eso, aun cuando hay datos disponibles, su calidad o exactitud no siempre permite tomar decisiones sólidas.

El resultado es un sistema que pretende evaluar riesgo con información incompleta, y que por diseño perpetúa desigualdades.

Apostar todo al buró de crédito implica aceptar una visión parcial del usuario. Una persona con ingresos bajos, irregulares o mal documentados es clasificada como riesgosa desde el principio. Si obtiene crédito, lo hará con una tasa alta; si no puede pagarlo, quedará marcada. Y una vez marcada, es prácticamente imposible reinsertarla en el sistema formal.

La dependencia exclusiva del buró deja fuera a más de 50 millones de mexicanos que sí tienen ingresos, pero no historial. Opera como un filtro de exclusión permanente. Y en un país con esta escala de informalidad, continuar con este modelo no es sostenible.

El interés por incorporar información de ingresos como variable clave de riesgo es claro. Los neobancos y fintech lideran esta transición porque nacieron con ADN digital, integrados a datos alternativos y a infraestructura de APIs. La banca tradicional avanza con mayor cautela por razones operativas y regulatorias, pero ya reconoce que la calidad del dato es el elemento que define la competitividad del futuro.

Si México contara con un estándar de validación instantánea y segura -similar al open banking de Europa o Estados Unidos-, el mercado de crédito se transformaría. Surgirían productos diseñados con mayor precisión para segmentos actualmente ignorados, y también se reduciría la morosidad al entender mejor la capacidad de pago desde el origen.

El camino es claro. La Ley Fintech fue un primer paso, pero México necesita evolucionar hacia un esquema donde el titular sea dueño absoluto de sus datos y pueda decidir cuándo, cómo y con quién compartirlos. Ese es el corazón del open data: habilitar ecosistemas donde la información fluye sin comprometer la privacidad, con reglas claras sobre uso, protección y sanciones.

Desde el punto de vista tecnológico, las herramientas ya existen: APIs estandarizadas, protocolos de encriptación, verificación instantánea. Lo que falta es que el sistema financiero complete la transición de procesos manuales a modelos predictivos basados en datos reales de ingreso.

Si mañana todas las instituciones pudieran validar ingresos de forma legítima y segura, México vería un salto cualitativo en inclusión financiera. Aparecerían productos a la medida para conductores, repartidores, freelancers, vendedores por catálogo o personas que reciben remesas. Crecería la competencia, bajarían las tasas y se ampliaría el crédito responsable.

Porque la inclusión no consiste solo en abrir puertas, consiste en diseñar productos para el perfil real de los usuarios, apoyados en datos confiables, consentidos y protegidos. La verdadera inclusión financiera empieza cuando dejamos de adivinar cuánto gana una persona y comenzamos a conocerlo con certeza.

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Nota del editor: Mauricio Podoswa es Head of Partnerships en Palenca. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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