La evolución del sistema financiero mexicano obliga a abrir una discusión que durante años permaneció en segundo plano. Hoy resulta indispensable definir cómo se gestionarán, compartirán y supervisarán los datos financieros en un entorno cada vez más digital, interconectado y exigente. Bajo esa realidad, el open finance se perfila como una de las definiciones regulatorias más relevantes para el futuro inmediato del sector.
Open finance en México, una definición regulatoria que ya no puede esperar
La discusión no debería centrarse en elegir entre apertura o control, sino en definir cómo construir un equilibrio entre innovación, seguridad jurídica, competencia y protección institucional.
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Lo que está en juego rebasa la conversación tecnológica. No se trata solamente de habilitar nuevas capacidades operativas o de abrir paso a modelos más ágiles de prestación de servicios financieros. Lo que está en juego es la posibilidad de construir un marco normativo que permita innovar con orden, competir con reglas claras y proteger la confianza del usuario en un sistema donde los datos han adquirido un valor estratégico.
A lo largo de mi experiencia, he visto con claridad que los vacíos regulatorios no generan flexibilidad, generan dispersión. Cuando no existen definiciones suficientes sobre responsabilidades, estándares de intercambio de información, trazabilidad o mecanismos de supervisión, cada participante termina operando bajo sus propios criterios. El resultado suele ser el mismo. Se elevan los costos de integración, se multiplican los riesgos operativos y se debilita la capacidad de supervisión del sistema en su conjunto.
Tampoco considero deseable una aproximación regulatoria que intente responder a la innovación con rigidez excesiva. Una norma técnicamente desconectada de la operación puede inhibir el desarrollo de nuevos modelos de negocio, frenar la competitividad del ecosistema fintech y reducir incentivos para invertir en soluciones que podrían ampliar la inclusión financiera. Por eso, la discusión no debería centrarse en elegir entre apertura o control, sino en definir cómo construir un equilibrio funcional entre innovación, seguridad jurídica, competencia efectiva y protección institucional.
Hay un punto que me parece particularmente relevante. El open finance no debe entenderse únicamente como una agenda de tecnología financiera. Su implementación también plantea exigencias concretas en materia de gobierno corporativo. La gestión de datos, la ciberseguridad, la rendición de cuentas, la validación de controles y la correcta asignación de responsabilidades no pueden quedar relegadas al plano operativo. Cuando la información financiera se vuelve un activo central del modelo de negocio, los órganos de dirección deben involucrarse de manera directa en la supervisión de los riesgos y en la definición de criterios de control.
México cuenta con bases importantes. La Ley Fintech representó un avance relevante para ordenar parte del ecosistema e introducir principios novedosos en la conversación regulatoria. Sin embargo, el mercado ha evolucionado con una velocidad y una complejidad que hoy exigen una etapa normativa más robusta. El intercambio de datos, la interoperabilidad, los estándares tecnológicos y las responsabilidades compartidas entre instituciones requieren mayor precisión regulatoria y una visión de largo plazo.
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Desde esa óptica, la discusión de fondo no consiste en determinar si México llegará o no al open finance. Esa ruta ya forma parte de la evolución natural del sistema financiero. La verdadera discusión está en las condiciones bajo las cuales se dará ese tránsito y en la calidad del diseño regulatorio que lo acompañe. Si se hace bien, el país puede fortalecer la competencia, mejorar la oferta de servicios y construir un ecosistema más eficiente y confiable. Si se hace mal, puede abrir espacios de incertidumbre, asimetrías y vulnerabilidades que después serán mucho más difíciles de corregir.
En materia financiera, la confianza nunca depende únicamente de la innovación. Depende, sobre todo, de la calidad de las reglas que la sostienen. Y en el caso del open finance, México necesita definirlas con oportunidad, con rigor técnico y con plena conciencia de lo que está en juego.
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Nota del editor: Pedro Javier Leyva Lizárraga es especialista en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), Gobierno Corporativo y gestión de riesgos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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