Desde mi experiencia en regulación financiera y cumplimiento normativo, tengo claro que la prevención de lavado de dinero no puede entenderse como un requisito administrativo. Es un componente estructural de estabilidad económica. Cuando un sistema financiero permite que recursos ilícitos se integren a la economía formal, el daño es institucional.
México es una economía abierta, profundamente vinculada a mercados internacionales, inversión extranjera y corresponsalía bancaria. La percepción que tengan bancos globales, inversionistas y organismos multilaterales sobre la integridad de nuestro sistema financiero incide directamente en el costo del capital y en la confianza país. Las autoridades internacionales han endurecido sanciones y revocado licencias a instituciones con debilidades en sus controles. Esa realidad demuestra que la efectividad regulatoria dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un factor determinante de competitividad y estabilidad financiera.
El estándar actual del GAFI privilegia la efectividad. Evalúa si la supervisión es realmente basada en riesgos, si los sistemas de monitoreo transaccional detectan patrones complejos, si los oficiales de cumplimiento cuentan con independencia funcional y si los Consejos de Administración asumen la gestión de riesgos como parte central de su gobierno corporativo. Esa es la verdadera prueba.
A esto se suma un factor que no podemos ignorar: la transformación digital. El crecimiento de fintech, la inclusión financiera y la sofisticación de esquemas de fraude digital han ampliado el alcance del sistema, pero también el espectro de riesgos. He visto cómo la innovación avanza con rapidez; los controles deben evolucionar al mismo ritmo. La inteligencia financiera, la analítica avanzada y la coordinación interinstitucional son hoy indispensables.
Cumplir con los estándares del GAFI no es opcional para México. Es una condición para preservar la estabilidad económica y proteger la seguridad financiera nacional. La prevención de lavado de dinero impacta directamente en la confianza de inversionistas, en las relaciones con bancos corresponsales y en la percepción de riesgo país.
