La amenaza también está evolucionando rápidamente. La inteligencia artificial generativa facilita y acelera la creación de páginas de estafa convincentes, interacciones falsas de servicio al cliente, campañas de fraude localizadas e intentos de phishing personalizados. Estas herramientas reducen el costo del engaño y permiten a los criminales dirigirse a los usuarios mexicanos a mayor escala.
Además, las implicaciones van más allá del daño individual.
Cuando los servicios inseguros se normalizan, la confianza en la economía digital de México se erosiona. Las plataformas legítimas que invierten en ciberseguridad, que cumplen con regulaciones y protegen a los consumidores, se ven obligadas a competir con operaciones criminales que no hacen nada de lo anterior. Con el tiempo, esta dinámica desalienta la innovación y debilita la capacidad del país para atraer tanto inversión nacional como extranjera en servicios digitales, medios, Fintech y tecnología.
Abordar este desafío requiere una acción coordinada. La educación del consumidor sigue siendo esencial, pero debe vincular directamente la piratería con riesgos que las personas ya comprenden: robo de identidad, cargos bancarios no autorizados y pérdida de control sobre dispositivos personales y redes domésticas.
Sin embargo, la concienciación por sí sola no es suficiente.
La política pública también desempeña un papel fundamental. Tratar la piratería a gran escala como cibercrimen organizado y utilizar herramientas proporcionales y transparentes —como el bloqueo de sitios, la aplicación coordinada de la ley, el intercambio de inteligencia y las estrategias de rastreo de dinero— pueden interrumpir los modelos de negocio criminales, al tiempo que reduce la exposición de los consumidores a malware, phishing y fraude. México tiene la oportunidad de abordar la piratería no solo como un problema de cumplimiento de la ley, sino como parte de una estrategia más amplia de protección al consumidor y ciberseguridad.
Las empresas y los intermediarios también tienen un papel crítico que desempeñar. Una mejor higiene cibernética, incluida la gestión de credenciales, la autenticación multifactor y controles de acceso más estrictos, puede reducir la exposición cuando los consumidores o empleados se encuentran con sitios inseguros. Los proveedores de pagos y las empresas Fintech son especialmente importantes porque las operaciones de piratería dependen de la infraestructura financiera para monetizar servicios ilegales. Al identificar a actores reincidentes y colaborar con las autoridades y socios de la industria, se puede contribuir a cortar las fuentes de financiamiento que permiten que estas operaciones criminales escalen.
Ningún actor puede resolver este problema por sí solo. Pero una acción coordinada puede hacer que la piratería sea menos visible, menos rentable y peligrosa.
La piratería puede seguir comercializándose como “gratis”, pero para los consumidores y empresas en México, la evidencia es clara: la piratería conlleva una carga de ciberseguridad costosa y oculta. Reconocer a la piratería como un problema de seguridad y de confianza del consumidor, y no solo como uno legal, es esencial para construir una economía digital más segura y resiliente en México.
_____
Nota del editor: Larissa Knapp es Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Protección de Contenido en la Motion Picture Association, donde lidera la estrategia global de protección de contenido y la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principal coalición antipiratería del mundo. Anteriormente, trabajó durante 27 años en el FBI, incluyendo en roles de liderazgo senior, y actualmente colabora a nivel global con fuerzas del orden, gobiernos y socios de la industria para desarticular redes de piratería digital y proteger a consumidores, creadores y la economía digital. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
