A diferencia de la maternidad, ampliamente analizada como variable económica y laboral, la paternidad permanece en una zona de ambigüedad institucional. Se espera la provisión, pero no necesariamente la corresponsabilidad. Se reconoce su presencia, pero no se exige su participación activa en el cuidado. Esta disociación no es menor, sino que tiene efectos directos en la productividad, en la organización del trabajo y en la sostenibilidad del modelo económico.
Desde una perspectiva jurídica, México continúa operando bajo un diseño que asigna el cuidado de manera implícita a las mujeres. Las licencias de paternidad son limitadas y, en muchos casos, culturalmente desincentivadas. El mensaje que subyace es claro: el padre puede participar, pero no es indispensable.
Este esquema genera costos acumulativos. Para las empresas, implica gestionar talento bajo supuestos incompletos sobre disponibilidad y carga de trabajo. Para el Estado, perpetúa desigualdades estructurales. Para los hogares, consolida decisiones económicas condicionadas por una distribución inequitativa del tiempo. Y para los propios hombres, limita su integración plena en una dimensión esencial de la vida social y familiar.
La evidencia internacional muestra que cuando la paternidad se incorpora activamente en los esquemas de cuidado, los resultados son medibles; por ejemplo, mayor participación laboral femenina, mejor distribución del tiempo, mayor estabilidad en el empleo y, en consecuencia, mayor crecimiento económico. No se trata de una aspiración cultural, sino de eficiencia sistémica.
Países que han apostado por licencias parentales compartidas, intransferibles y bien remuneradas han logrado modificar comportamientos de manera sostenida. Cuando el derecho genera incentivos claros, la cultura termina por adaptarse. México, en cambio, sigue operando con herramientas normativas limitadas que no alcanzan a transformar las prácticas sociales.