Para enfrentar de raíz este problema, es indispensable entender que el mercado ilegal de bebidas alcohólicas no es un fenómeno único ni homogéneo. En muchos sectores, adquirir un producto apócrifo puede traducirse en un fraude económico o en una decepción para el consumidor. En el caso de las bebidas alcohólicas, la situación es distinta: el riesgo no se limita al engaño comercial, sino que puede representar una amenaza directa para la salud y la vida de las personas.
Por ello, equiparar estas bebidas con la simple “piratería” comercial genera una percepción equivocada. Esa lectura puede llevar a que algunas personas interpreten la compra de botellas a precios sospechosamente bajos, ofrecidas en redes sociales o canales informales, como una oportunidad de ahorro, sin dimensionar el riesgo real que implica consumir productos de origen desconocido.
Una bebida alcohólica adulterada se mueve en una dimensión sanitaria y ética mucho más grave. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la adulteración puede involucrar la introducción deliberada de alcohol metílico o metanol, una sustancia altamente tóxica que puede provocar daños irreversibles a la salud, incluyendo afectaciones visuales, daños neurológicos, coma, paro respiratorio o incluso la muerte.
El consumo de una botella alterada no constituye un simple engaño al consumidor. Representa un riesgo sanitario de la mayor gravedad y un atentado contra la confianza pública, la economía formal y la seguridad de las personas.
Las cifras confirman la urgencia de cambiar la forma en que entendemos este problema. De acuerdo con Euromonitor International, las modalidades delictivas vinculadas con la falsificación, el relleno y la adulteración pasaron de representar 12.2% del mercado ilegal en 2017 a 21.2% en 2023. Además, México se ha consolidado como el mayor mercado de alcohol ilícito de América Latina por volumen, con una proporción significativa de bebidas alcohólicas provenientes de la informalidad.
Este panorama no solo afecta la salud pública y destruye familias. También debilita la capacidad del Estado para enfrentar el problema. De acuerdo con estimaciones del sector, tan solo en 2023 se comercializaron en México más de 21.8 millones de cajas de alcohol informal, con un valor estimado de 55 mil 689 millones de pesos. Esta actividad representó una pérdida fiscal de 19 mil 544 millones de pesos, recursos que pudieron fortalecer los sistemas de salud, la vigilancia sanitaria, la supervisión comercial y las capacidades institucionales para combatir la ilegalidad.
Enfrentar este mercado exige modificar las preguntas que nos hacemos como sociedad. En lugar de indagar únicamente qué sustancia contenía una botella después de una intoxicación, debemos preguntarnos qué ocurrió antes para que ese producto ilegal llegara al consumidor. Cada respuesta apunta a un eslabón distinto de la cadena y exige soluciones específicas.
Desde mi perspectiva, México debe dejar de tratar el alcohol adulterado únicamente como un problema de salud pública que se atiende cuando la tragedia ya ocurrió. Es necesario abordarlo también como un desafío de legalidad, economía formal, protección al consumidor y seguridad sanitaria, con políticas preventivas y no solo correctivas.
