La justicia energética en México suele discutirse como un debate sobre quién debe ser dueño de las plantas de luz, perdiendo de vista que el verdadero problema es cómo llevarla a donde se necesita sin que cueste una fortuna.
El modelo actual asume que centralizar la producción en manos del Estado basta para garantizar el bienestar de todos. Sin embargo, esa visión ignora que la luz pierde valor y se encarece cuando tiene que viajar miles de kilómetros por cables saturados.
Llevar energía a los negocios locales mediante paneles solares en sus propios techos le da al país la flexibilidad necesaria para proteger a las regiones más olvidadas. El camino tradicional se ha enfocado en controlar el precio de los recibos mediante subsidios, lo que posterga la discusión de fondo sobre si la infraestructura actual realmente funciona. Mantener tarifas artificialmente bajas crea una ilusión de estabilidad que asfixia el presupuesto público y drena el dinero que debería usarse para modernizar las redes de luz de los estados.
Por eso, abrir la puerta a la luz solar en las empresas no es un lujo corporativo aislado. Es, en realidad, un apoyo estratégico directo para la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cuando un negocio genera su propia electricidad durante el día, le quita carga al sistema completo en las horas en que todo el país está consumiendo al máximo. La Agencia Internacional de la Energía señala que en economías emergentes se pierde entre el 6% y el 9% de la luz sólo en el camino del transporte. Permitir que las empresas paguen por sus propios sistemas en sitio reduce esas pérdidas logísticas y libera espacio en los cables públicos para que los hogares tengan un mejor servicio.
La experiencia internacional confirma que cuando el Estado y los generadores locales suman esfuerzos, el desarrollo regional se acelera. Brasil es el mejor ejemplo en la región: con reglas claras para el autoconsumo, logró que ciudadanos y empresas instalaran más de 25 gigavatios de capacidad en sus propios techos. Para ponerlo en perspectiva, la demanda máxima de todo México en los días más calurosos de verano ronda los 53 gigavatios.
Lograr que las empresas e industrias generen en sus techos el equivalente a la mitad de la red eléctrica nacional demuestra el poder de la corresponsabilidad. Los países más estables no son los que frenan la participación de la sociedad, sino los que la integran como un aliado táctico. Esto permite al gobierno concentrar sus recursos financieros en llevar luz a las comunidades rurales donde el sector privado no llega.
Limitar la expansión de la energía solar empresarial frena la creación de empleos calificados y ahuyenta las inversiones de las firmas internacionales que buscan reubicarse en el país. El Banco Mundial advierte que la disponibilidad inmediata de energía limpia es el segundo factor más importante para atraer plantas de manufactura avanzada. Sin esta opción, los estados con redes saturadas quedan marginados del crecimiento económico.
La CFE es la dueña exclusiva de las grandes autopistas eléctricas de México, un rol que se vuelve mucho más rentable si actúa como el gran director de tráfico de una red moderna. La empresa pública tiene una oportunidad histórica: permitir que las industrias absorban el costo de producir su propia luz en sitio, mientras el operador central se concentra en cobrar por administrar el flujo y garantizar la estabilidad del sistema nacional.
La verdadera equidad se logra cuando las reglas permiten aprovechar cada metro cuadrado de techo disponible para generar certidumbre desde el entorno local. Cuando una empresa fija sus costos de luz a largo plazo gracias al sol, se blinda contra la volatilidad internacional de los precios del gas y blinda las fuentes de empleo de la región.
La soberanía moderna no consiste en vigilar y controlar cada planta o cable del país, sino en tener un ecosistema económico sólido donde la inversión pública y la iniciativa privada se complementen. Superar la inercia de un modelo del siglo pasado es indispensable para construir un México competitivo. Producir la electricidad en el mismo lugar donde se consume debe ser, finalmente, el motor de un desarrollo social equitativo.
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Nota del editor: Marcos Ripoll es cofundador y CEO de la mexicana Solar180. Ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia con 25 años de trayectoria en el sector fotovoltaico, coordinó el despliegue de sistemas limpios a gran escala en América Latina como Vicepresidente de Operaciones en SolarCity/Tesla México.
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