El calificativo de “fantasma” tiene una explicación histórica. Antes de 2014, año en que se implementó la digitalización total del sistema tributario, la expedición de los comprobantes pasó por diversas etapas. En una época, los blocs de facturas se compraban en las papelerías y los contribuyentes llenábamos nuestros datos. No faltaba quien los inventara: se usaban denominaciones o razones sociales de compañías inexistentes, en domicilios y RFC también ficticios. De ahí que se les conociera como empresas fantasma; y a las facturas, como falsas.
Tiempo después se introdujo la obligación de reproducir los comprobantes en imprentas autorizadas. El propósito era frenar su expedición desbocada. Sin embargo, ese control derivó en otro problema: los registros de las imprentas se falseaban también, aunque los comprobantes tuvieran toda la apariencia de validez. Un efecto fue que los datos de las sociedades continuaron inventándose, es decir, que seguían siendo fantasma.
En la actualidad, todos los comprobantes se expiden por medios digitales por internet (CFDI) y utilizando la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las autoridades verifican que la información de los contribuyentes sea verdadera. Ello significa que las empresas inscritas en el RFC existen en realidad, aunque los actos consignados en los CFDIs puedan ser simulados. En la mayoría de los casos, los socios también son fantasma, o sea, son prestanombres o personas con identidades robadas. Los verdaderos dueños —los factureros— nunca aparecen en las escrituras constitutivas ni en las bases de datos del SAT.
La osadía de los factureros es impúdica. Hace algunos años se dio la paradoja de que empresas que no estaban constituidas se daban de alta en el RFC. Eran fantasmotas: tenían existencia fiscal, mas no legal.
Con el uso de subterfugios, los folios notariales se falsificaban o eran robados de los protocolos notariales. Con ellos se constituían supuestas sociedades que no contaban con la certificación oficial. Las escrituras daban la apariencia de autenticidad, por lo que el SAT las tomaba como válidas y, al inscribirlas en el RFC, nacían en el mundo fiscal. Por esta razón, las autoridades implementaron procesos para ratificar con los notarios la veracidad de los documentos.
La toxicidad de los factureros llega a niveles de tragicomedia. En el sexenio del expresidente Peña Nieto, se robaron la identidad del entonces jefe del SAT y constituyeron más de 80 empresas fantasma. Lo absurdo fue que los empleados de Hacienda no identificaran el nombre de su patrón y las dieran de alta en el RFC.
Lo mismo sucedió con el expresidente López Obrador. En una Mañanera de septiembre de 2019, denunció que a él y a su esposa les habían robado la identidad para constituir 26 empresas fantasma en Veracruz. Los notarios fingieron desconocer su nombre. La trama se articuló por funcionarios del SAT, quienes dieron como domicilio fiscal el inmueble que albergaba las oficinas de la misma dependencia.
En fechas recientes, a estas empresas se les denomina como fachada; y ahora se ha consolidado el de factureras, haciendo alusión a que su único negocio es “vender” CFDIs que amparan operaciones falsas. Lo mismo sucede con las nomineras, cuyo fin es simular la prestación de servicios especializados a terceros, cuando en realidad se trata de relaciones laborales —trabajadores— que se encubren a través del outsourcing ilegal. De este modo, factureras y nomineras son hermanas siamesas.
