Este verano, Nicaragua irrumpió nuevamente en el radar de la atención pública internacional cuando el presidente Daniel Ortega anunció la eliminación de las elecciones y la imposición de un muro para que los partidos políticos de oposición no puedan acceder al poder. Este martes y bajo la premisa del Pueblo Presidente y por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó la reforma en primera legislatura, a propósito de ampliar a siete años los mandatos del régimen Ortega-Murrillo y excluir a opositores políticos de los comicios.
Nicaragua: el fin de las elecciones libres
Lo verdaderamente escandaloso es que Daniel Ortega ya no disimule el cierre del pluralismo político y que formalice el derrumbe del vehículo democrático.
@RinaMussali
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Esta trama pronto se acompañará de otra cresta noticiosa: la celebración de la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, cuya convocatoria ya fue autorizada, el mecanismo destinado a tratar problemas considerados urgentes y de interés común, que medirá hasta qué punto el hemisferio está dispuesto a presionar al gobierno nicaragüense.
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¿Debería escandalizarnos la intención política de Daniel Ortega de suprimir las elecciones? En realidad, los procesos electorales en Nicaragua ya habían sido ampliamente cuestionados. De hecho, previo a las elecciones presidenciales del 2021, se impidió el ingreso de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, y en su lugar se reguló que los invitados no auditaran de forma independiente, sino que actuaran como acompañantes, surgiendo así cuestionamientos internacionales sobre condiciones de competencia, trasparencia y garantías democráticas. Por eso, lo verdaderamente escandaloso es que Daniel Ortega ya no disimule el cierre del pluralismo político y que formalice el derrumbe del vehículo democrático.
La paradoja histórica resulta inevitable. Daniel Ortega, líder histórico del sandinismo, protagonista de la revolución de 1979, y quien puso fin a la dinastía Somoza, encabeza junto con su esposa Rosario Murillo, la copresidenta, un modelo de poder absoluto, familiar y con rasgos sucesorios. Así, quien contribuyó a derrocar el gobierno dinástico terminó erigiendo un sistema político en torno a su núcleo familiar, que avanza hacia su tercera década ininterrumpida en el poder.
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Amparado en la reelección indefinida, la gran ruptura llegó en 2018, con las protestas sociales y la represión gubernamental. El ambiente coercitivo se expandió más adelante con leyes contra opositores y medios, detención de candidatos y el despojo de la nacionalidad nicaragüense. Se canceló el estatus legal de más de 5,000 ONGs, se cerraron 37 universidades en el transcurso de tres años, siendo la primera la Universidad Hispanoamericana y se mermó la alianza pragmática entre Ortega y el empresariado. Posteriormente, la reforma constitucional del 2025 estuvo destinada a eliminar la separación de poderes, modificar las reglas de la competencia política y evitar un riesgo de vacío de poder alrededor de la figura de Ortega.
La creación de la figura de la copresidencia preparó el camino para la sucesión familiar, otro salto cuántico de Rosario Murillo, quien de ser militante sandinista y esposa de Daniel Ortega, brincó a ser operadora política, vicepresidenta desde el 2017 y desde hace dos años, facultada para conducir el Estado de manera simbiótica con el presidente. Precisamente, Nicaragua deberá ratificar en una segunda votación y a partir del 18 de enero del 2027, la ley que exime la alternancia política y electoral.
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En este contexto, la carta magna sufrió otro revés. La Asamblea Nacional, auspiciada por el oficialismo prohibió que normativas o resoluciones de origen internacional tengan validez legal en el país, una decisión tomada, luego de que la OEA aprobará una resolución el 19 de agosto –con la abstención de México y la negativa de Brasil– para convocar de manera urgente a una reunión de cancilleres de los 33 países en aras de abordar el agravamiento político en Nicaragua, país que, de hecho, no forma parte de la OEA desde el 2023.
Aunque el debate abrirá nuevos interrogantes y no se espera una condena política homogénea de todo el hemisferio, las fisuras latinoamericanas no serán por el tradicional choque ideológico entre gobiernos de derecha o izquierda (el ciclo político latinoamericano ha girado y solo seis países son del ala progresista), sino por la divergencia de instrumentos de presión que existen para coaccionar al régimen Ortega-Murillo.
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*Rina Mussali es analista internacional y miembro del Comexi. Síguela en X como @RinaMussali .
Nota del editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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