Este verano, Nicaragua irrumpió nuevamente en el radar de la atención pública internacional cuando el presidente Daniel Ortega anunció la eliminación de las elecciones y la imposición de un muro para que los partidos políticos de oposición no puedan acceder al poder. Bajo la premisa del Pueblo Presidente y por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó la reforma en primera legislatura, a propósito de ampliar a siete años los mandatos del régimen Ortega-Murrillo y excluir a opositores políticos de los comicios. Esta trama pronto se acompañará de otra cresta noticiosa: la celebración de la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, cuya convocatoria ya fue autorizada, el mecanismo destinado a tratar problemas considerados urgentes y de interés común, que medirá hasta qué punto el hemisferio está dispuesto a presionar al gobierno nicaragüense.
¿Debería escandalizarnos la intención política de Daniel Ortega de suprimir las elecciones? En realidad, los procesos electorales en Nicaragua ya habían sido ampliamente cuestionados. De hecho, previo a las elecciones presidenciales del 2021, se impidió el ingreso de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, y en su lugar se reguló que los invitados no auditaran de forma independiente, sino que actuaran como acompañantes, surgiendo así cuestionamientos internacionales sobre condiciones de competencia, transparencia y garantías democráticas. Por eso, lo verdaderamente escandaloso es que Daniel Ortega ya no disimule el cierre del pluralismo político y que formalice el derrumbe del vehículo democrático.
