Méritos y expectativas de la nueva Ley de Infraestructura

A partir de 2019 y hasta 2025, en cambio, el gobierno mostró públicamente su aversión a este tipo de modelos. La revocación de este tipo de contratos dio paso a la obra pública bajo el control de las instituciones federales. En este sentido, la SEDENA y SEMAR construyó y opera los llamados proyectos insignia (AIFA, Tren Maya, Refinería Olmeca y Tren Interoceánico). No obstante, ahora en 2026 parece que la estrategia ha cambiado nuevamente. La aparente escasez de recursos públicos, la política federal de consolidación fiscal y la incertidumbre ante las futuras revisiones del TMEC; han sido a mi juicio los detonantes para que el gobierno vea nuevamente con buenos ojos al capital privado.

Ahora bien, debemos decir que, salvo por la publicación en 2012 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), durante esos años las obras de infraestructura se hicieron al amparo de la Ley de Obras Públicas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, e incluso la Ley de Aguas Nacionales. Bajo estas circunstancias, durante el primer semestre 2026, se publica tanto la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como su reglamento. Dicho esto, consideramos que esta nueva Ley tiene como fin crear un marco normativo del cual el sector carecía en el pasado.

La Ley regula, entre otras cosas, la estructuración, evaluación y seguimiento de los proyectos de infraestructura que, además de alinearse al Plan Nacional de Desarrollo (PND), son estratégicos para el país. Se establecen modelos de inversión y se autorizan diferentes vehículos financieros, donde se consideran la participación del capital privado, las afores y las aseguradoras (evitando en la medida de lo posible la generación de pasivos directos sobre el balance público federal). Asimismo, se prevé la creación de una plataforma de información y registro que debería reducir la opacidad y mejorar la auditoria de cada proceso. Todo esto dirigido y validado por el Consejo de Planeación Estratégica (el Consejo).

En mi opinión, el principal mérito de esta nueva Ley es considerar como elemento coadyuvante en el desarrollo del sector de infraestructura al capital privado. Claramente esto es crucial por lo siguiente: el gran número de proyectos estratégicos del Gobierno Federal y la estrechez presupuestal del sector público. De hecho, otro rasgo distintivo es que el gobierno, en principio, no participaría con dinero en los proyectos, sino con permisos, terrenos, contratos, derechos de uso, etc.

Paralelamente a la apertura hacia el capital privado, yo sumaría otros elementos positivos: 1) el reconocimiento de reequilibrios económicos cuando un acto de autoridad eleve sustancialmente los costos y el reembolso de inversiones ante una terminación anticipada; 2) la posibilidad de afectar en garantía activos, derechos y flujos futuros como fuente de pago a un vehículo de propósito específico como las Fibras E (el caso más palpable es la Fibra CFE) y 3) los compromisos plurianuales por cinco años gracias a cambios en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto último me parece particularmente relevante ya que la Ley APP explícitamente no los contempla. Aquí cabe aclarar que la nueva Ley no deroga la Ley de APP (ni a nivel federal ni estatal); es decir, coexisten y de hecho los proyectos vigentes podrían migrar a algún nuevo modelo de inversión si así lo desean.

Pese a lo anterior, el mercado espera que se cumplan todas las expectativas planteadas. La principal expectativa, a mi parecer, es ver que implementación de todos los procesos que emanan de la nueva Ley se haga correctamente. De hecho, hoy en día no existe ningún proyecto que se haya licitado bajo este nuevo marco normativo. Si bien, ya se han adjudicado contratos de inversión mixta en el sector energético (CFE con 37 y PEMEX con 9), estos se han hecho al amparo de las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos, que la nueva Ley dejó intactas.

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Ahora bien, si podemos identificar algunas áreas de oportunidad estas tienen que ver con lo siguiente. Primero, la operación del Consejo que será presidido por el ejecutivo federal y no contará con participación de expertos independientes. Considero que la centralización de sus decisiones podría generar más dudas de las que pudiera resolver. Además, entiendo que sus resoluciones no admitirían recurso de apelación alguno y que no consideraría lo que se conoce como “propuestas no solicitadas”. Segundo, bajo el entendido que esta Ley es de carácter federal, no permearía automáticamente a los programas de inversión estatales y municipales. La percepción del mercado es que se promoverán los proyectos federales (por ahora trenes y energía), mientras que los estados y municipios solo podrían promover ante el Consejo proyectos mediante convenios con dependencias federales, financiarse con recursos propios, estar sujetos a la Ley de Disciplina Financiera y alinearse al Plan Nacional de Desarrollo.

Por otra parte, a mi juicio hay otra cuestión que se debe aclarar: ¿cómo conviven la nueva Ley y el Plan México? Recordemos que en enero de 2025 se anunció el Plan México, el cual estableció una estrategia de largo plazo para el desarrollo nacional y regional. Entre sus metas están: ubicar al país entre las diez mayores economías del mundo, elevar la inversión por encima de 25% del PIB, crear 1.5 millones de empleos y alcanzar en la producción al menos 50% de contenido nacional. Basándonos en información pública, la nueva Ley sería en los hechos el instrumento legal y financiero por los cuales la plataforma anunciada en el plan pueda financiar los más de 1,500 proyectos considerados en su portafolio.

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Finalmente, considerando que la inversión pública, al menos desde el año 2000, no ha alcanzado el 5% del PIB y que, debido a la incertidumbre económica y legal, la inversión privada tampoco ha sido tan dinámica como se hubiese esperado; la última pregunta que en mi opinión hay que responder es: ¿Cómo lograr que cada proyecto sea financiable, bancable y ejecutable, una vez que contamos con la nueva Ley y el Plan México? La respuesta es generando confianza.

Confianza de largo plazo mediante una correcta estructuración legal, técnico, operativa y financiera. Pero teniendo claro que la estructuración no puede generalizarse; es decir, cada proyecto requiere un diseño propio que alinee los intereses de los participantes, distribuya beneficios, costos y riesgos, defina fuentes de financiamiento y demuestre su viabilidad económica y social en el largo plazo. Al final, que la nueva Ley (junto con el Plan México) se traduzca en obras de infraestructura dependerá de que las instituciones (junto con los nuevos modelos, vehículos de financiamiento y procesos) funcionen bien a la hora de iniciar la construcción y que la estructura legal, técnico, operativa y financiera generen confianza para quienes inviertan su capital.

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Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas e Infraestructura. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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