Adicional a los diversos desafíos económicos que trae consigo este 2026 para nuestro país, las necesidades de inversión en el sector de infraestructura siguen estando sobre la mesa y tendrán que atenderse, de una u otra forma, si queremos sumar a nuestro desarrollo de largo plazo. Los activos existentes requieren continuamente modernizarse y mantenerse en buen estado, pero el sector también requiere de nueva inversión. Por otro lado, dado el carácter estratégico del sector de infraestructura, no nos debe sorprender que la presente administración federal (como cualquiera otra anterior) diga que su crecimiento sea una de sus prioridades. No obstante, la pregunta que nos hacemos hoy es ¿cuál es la estrategia en términos de políticas públicas?
Contratos mixtos en infraestructura: palanca de desarrollo
Sin los incentivos adecuados que aseguren alguna rentabilidad (económica y social), la participación del capital privado difícilmente ocurrirá.
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En mi opinión, la discusión sobre cuál estrategia adoptar, no debería limitarse a permitir o no la participación privada en los proyectos de infraestructura (que si bien es el primer dilema que hay que resolver), sino en definir con claridad las condiciones financieras, legales, técnicas, fiscales e incluso ambientales que hagan viable la convivencia entre el sector público y privado. En este sentido, y a mi juicio, lo que sí debemos de entender desde ahora es que, sin los incentivos adecuados que aseguren alguna rentabilidad (económica y social), la participación del capital privado difícilmente ocurrirá.
Ahora bien, a pesar de que el Gobierno Federal ya ha hecho público su interés de promover un nuevo esquema de inversión, al cual ha llamado “Contratos Mixtos”, debemos decir que actualmente no existe como tal algún documento público oficial que nos ayude a entender la estructura general de este tipo de contratos. Ciertamente, somos conscientes de que cada contrato debe adecuarse a las características de cada proyecto; pues no es lo mismo la inversión en una carretera a la inversión en el sector de hidrocarburos. Sin embargo, esperaríamos que independientemente del proyecto, los contratos salvaguarden el espíritu de participación pública y privada.
Hablando del sector energético, Pemex ya ha mencionado que considera este tipo de contratos para frenar la caída en la producción de hidrocarburos. No obstante, aún está pendiente conocer la cartera de proyectos, los participantes y las condiciones específicas bajo las cuales dichos contratos operarían. Pese a la falta de claridad, tal declaración manda una señal inequívoca, con la cual podemos suponer que la paraestatal reconoce que, sin la participación privada en el mantenimiento y modernización de su infraestructura, la caída en la producción podría continuar. Tan solo en noviembre de 2025, con respecto al mismo mes del año pasado, la producción cayó 1.9%. En este punto, coincido con varios analistas, cuando dicen que sin capital adicional y sin un esquema definido de participación mixta, será difícil revertir la caída en la producción petrolera y la falta de nueva infraestructura.
La correcta implementación de los contratos mixtos (los cuales, en principio, sustituirán a los contratos APP y de concesiones a los que estamos acostumbrados) puede ser una herramienta que nos ayude a cerrar la brecha en el rezago de infraestructura y puede ayudar a mejorar la calidad de los servicios públicos. Personalmente, esperaría que se logren materializar las ventajas de este modelo en cuanto a las eficiencias, tal y como lo han anunciado las autoridades. Recordando que, bajo este nuevo esquema en términos generales, los privados podrán participar en contratos de obra y servicios donde puedan recuperar costos y obtener ciertas utilidades, mientras el estado mantendría la posesión, los derechos y el control de los recursos y/o los activos en todo momento.
Dicho lo anterior, considero que la correcta generación e implementación de estos contratos, por parte del gobierno, debería considerar los siguientes temas:
1. Contratos que den certeza jurídica a todos los participantes. Esto sin duda mandaría las señales correctas al mercado. En particular, a los inversionistas privados locales y foráneos, quienes toman sus decisiones basándose (entre otros elementos) en la existencia de reglas claras. Para ello, es importante entender que la generación de los contratos debe ser lo más exhaustiva posible; es decir, las autoridades deberán hacer su mejor esfuerzo para entender y plasmar de la mejor manera en papel todos los riesgos existentes de cada proyecto. En este sentido, las autoridades debes ser capaces de preparar y estructurar adecuadamente cada tipo de contrato. Esto me lleva al siguiente tema.
2. Capacidades humanas y financieras del sector público. Teniendo presente el nivel de complejidad de los proyectos, la existencia de personal capacitado y de recursos financieros se convierte en un elemento clave. Si bien es posible subcontratar y/o tercerizar parte de las tareas referidas a estudios de factibilidad, impacto ambiental y social, análisis fiscal, estructuración, supervisión, etcétera; las autoridades (de cualquiera de los tres niveles) son las últimas responsables y, por tanto, debe contar internamente con los recursos humanos y financieros para asegurar el correcto resultado de los servicios contratados. Evidentemente, esto con el fin de proteger el interés público. Por último, es importante que se regulen los potenciales conflictos de interés al momento de subcontratar tal o cual servicio.
3. Consolidación fiscal y gasto público en infraestructura. Como todos sabemos, la política pública federal durante 2025 estuvo, ante todo, dirigida a reducir el déficit y contener el endeudamiento. Es sabido por todos que parte de la estrategia para alcanzar este objetivo consistió en la reducción del gasto en inversión pública. Ahora que conocemos el Presupuesto de Egresos para 2026 y, con ello, el programa de inversión pública federal, la pregunta es si el gobierno contará con el espacio fiscal para llevarlo a cabo. Es decir, cuánto del presupuesto quedaría disponible para gastar en otras cosas que no sean gastos obligatorios. Por un lado, esto dependería tanto de los ingresos tributarios que se recauden y, por otro, de la correcta planeación y ejecución del gasto federal. Pero qué pasaría si durante 2026 experimentamos un desequilibrio fiscal. Es decir, que recaudemos menos de los presupuestado o que haya más gastos de los planeados. Una de las soluciones sería, que las autoridades volvieran a reasignar recursos destinados al gasto público en infraestructura hacia otros gastos prioritarios. Bajo este contexto ¿cuáles serán las fuentes de fondeo para invertir en mantenimiento y en nuevos proyectos de infraestructura que el país necesita? Una de las respuestas sería, sin duda, abrirle la puerta al sector privado.
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A manera de conclusión. No es mi intensión minimizar el enorme reto que tienen las autoridades para implementar el nuevo esquema de inversión a través de los contratos mixtos. Con total seguridad, habrá otros temas que se me escapan. Sin embargo, estoy convencido que debemos de empezar a dar pasos hacia adelante y tomar las decisiones que nos permitan consolidar un programa de inversión en infraestructura de largo plazo y con ello retomar el impulso al desarrollo de nuestro país.
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Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas e Infraestructura. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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