5 'rounds' entre los gobiernos de Peña y Mancera que enfriaron su relación

La relación entre las administraciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se ha enfriado con el paso del tiempo.

Lo que inició como una gestión en coordinación bilateral entre el gobierno federal y el capitalino —que arrancaron en diciembre de 2012—, ha sufrido roces con un intercambio de acusaciones entre funcionarios de ambas administraciones, que no logran ponerse de acuerdo en temas económicos, urbanos, ambientales y hasta por el cuidado de un gorila.

Ante este distanciamiento, el pasado 19 de julio Mancera se acercó a Peña Nieto con quien acordó un encuentro para ‘limar asperezas’, encuentro que ya se concretó, según informó —sin especificar fechas— este jueves el propio jefe de Gobierno.

"Yo tuve una reunión ya con el presidente de la República, donde platiqué muchas de mis preocupaciones", indicó tras la firma de un convenio de asesoría entre Locatel y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"Le dije que la Ciudad de México quiere trabajar en favor del país, que estamos abonando a que le vaya bien a nuestro país, que le vaya bien a México, y en esa medida es que le solicité que trabajáramos con todas las instituciones. No nos conviene a nadie estar en un enfrentamiento permanente. Y también he manifestado y he dejado claro que cualquier ataque a la Ciudad de México, pues también nosotros vamos a estar atentos", agregó Mancera.

Aunque —de acuerdo con la versión de Mancera— Peña Nieto aseguró que no hay ninguna política en el sentido de "atacar" a la capital y que el presidente también abonaba por la coordinación, ¿cuáles fueron los momentos que llevaron al mandatario local a manifestar esta preocupación? A continuación te presentamos un recuento de esos desencuentros.

1. Los verificentros emiten 'contaminación política'

Mientras que los ciudadanos reclamaban el mal servicio de los verificentros, pues hasta principios de julio sólo operaban con normalidad cuatro de 67 existentes en la Ciudad de México , Mancera acusó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de ser responable.

El jefe de Gobierno aseguró que la falta de servicio respondía a que los módulos requieren de un documento que exige la autoridad federal y no la local, por lo que no era competencia de la Ciudad de México.

“Vamos a darle con toda la fuerza, la Secretaría de Medio Ambiente tiene la tarea. Nosotros estamos listos desde el punto de vista tecnológico, de implementación”, dijo en conferencia de prensa el pasado 6 de julio.

Un día después, la secretaria del Medio Ambiente capitalina, Tanya Müller, respaldó el pronunciamiento del jefe de Gobierno y deslindó a la CdMx del problema, señalando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de haber cerrado los centros por una falta de conocimiento.

“El gobierno de la Ciudad, como lo informamos desde el pasado 1 de julio, está listo para verificar con el nuevo sistema de OBDII (escáner de verfificación vehicular), lamentablemente hay falta de conocimiento por parte de los inspectores por Profepa acerca de la norma emergente federal", señaló en entrevista.

A esto, el titular de la Profepa, Guillermo Haro, respondió que lo dicho por Müller era falso y que la responsabilidad de las autoridades locales era solicitar a los dueños de los verificentros que realizaran un estudio en un laboratorio cada que se renovaran las concesiones.

2. La muerte de Bantú aviva el conflicto

No había pasado ni un día entre estos dimes y diretes entre funcionarios de ambos gobiernos por el cierre de verificentros, cuando un nuevo tema estaba por calentarse: la muerte del gorila Bantú.

El primate, de casi 25 años de edad, sería trasladado del zoológico de Chapultepec al de Guadalajara ; sin embargo, falleció de un paro cardiorrespiratorio mientras estaba sedado.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CdMx, Bantú fue atendido por 20 médicos de ambos zoológicos, quienes intentaron reanimarlo por más de media hora siguiendo todos los protocolos médicos y veterinarios internacionales.

Ante el suceso y el posterior desmembramiento y decapitación del gorila para su necropsia, la actuación del gobierno capitalino fue criticada, pese a la suspensión temporal del director general de Zoológicos y Vida Silvestre capitalino, Juan Arturo Rivera Rebolledo.

Nuevamente el procurador del Medio Ambiente, Guillermo Haro, se manifestó y dijo que se investigaría el hecho para determinar si hubo irregularidades y, en su caso, imputar sanciones económicas contra algún funcionario público.

Una semana después, Mancera pidió abiertamente a Peña Nieto detener lo que consideró "ataques" de parte de Profepa hacia su gobierno.

“Sabemos que están atacando a la Ciudad por parte de esta Procuraduría que ya no quiero mencionar, ya saben ustedes a quiénes nos referimos, y la verdad desde aquí le hago un llamado al presidente de la República. No me parece que se esté atacando a la Ciudad de México así, no me parece que sea correcto”, subrayó.

El gobierno federal, a través del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, atajó que nunca ha habido ni habría politización en temas ambientales durante la actual administración federal.

3. ¿Incumplimiento en la rehabilitación del Bosque de Chapultepec?

Un mes antes de la muerte de Bantú, el jefe de Gobierno hizo entrega de los trabajos de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, donde se realizó la renovación del Paseo de los Compositores y la Fuente Xochipilli.

En dicha entrega, realizada el 9 de junio, Mancera reclamó al gobierno federal el haber incumplido con el apoyo prometido a la recuperación del Bosque.

“Llamamos la atención al gobierno federal, porque tienen falta, tienen falta en sus aportaciones, en sus compromisos en lo que ha dicho que va a participar en el Bosque. Estamos trabajando con ellos la planta pero acá (...) todavía estamos esperando esa participación, el Gobierno de la Ciudad ya tiene comprometido el presupuesto que vamos a realizar este año", reclamó el mandatario.

4. Desgaste por el salario mínimo

En diciembre de 2015, el gobierno de Mancera presentó una propuesta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimo (Consami) para aumentar este concepto a 86.33 pesos diarios, argumentando que con ello se podrían cubrir las necesidades básicas de la población y disminuir la pobreza.

No obstante este llamado, la Consamai acordó —tras una negociación entre los sectores obrero, patronal y el gobierno— elevar el salario 2.94 pesos, con lo que quedó en 73.04 pesos.

El jefe de Gobierno reaccionó declarando que fijar dicho aumento fue “un madruguete”, a lo que el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, argumentó que no habría quien pudiera pagar un aumento inmediato del 20%.

Mancera insistió en el tema. En noviembre, el Congreso federal desvinculó el salario mínimo del cálculo de multas y otros ordenamientos legales —que antes se establecían tomando como referencia dicho monto de pago— a través de la creación de la Unidad de Medida Actualizada (UMA); un paso que facilita un incremento más significativo del salario mínimo.

“Que no se diga ya, con que se haya desindizado ya se acabó. No, cuando menos que lleguemos a 82.83 pesos en el próximo incremento y de ahí para arriba, tenemos que llegar hasta 175 (pesos)”, señaló el 15 de mayo, ante integrantes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

Apenas en junio pasado, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, demandó al secretario federal del Trabajo cumplir su compromiso de impulsar un alza al salario mínimo.

“Exigimos a Navarrete Prida que haga realidad lo que dijo y continuemos con las acciones por el bien de los trabajadores. El salario mínimo se puede incrementar de 73 a 89 pesos. Las condiciones están dadas, hay los consensos políticos, no hay pretexto para no iniciar un incremento ya”, indicó el funcionario local.

5. Los terrenos del aeropuerto dan vuelo al pleito

Con la concesión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en enero de 2015, ambos gobiernos abrieron un nuevo frente de disputa por la propiedad del suelo y el destino final de los terrenos de la terminal que aún está en operaciones, pero que se proyecta que frene operaciones en 2018 para dar paso a nuevas instalaciones.

La postura del gobierno federal como propietario del AICM es por ubicar un hospital o una universidad en el terreno que contempla la actual terminal 2, a lo cual el gobierno de Mancera ha respondido que es el único con la facultad para decidir sobre el uso de suelo y el proyecto urbano.

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Tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, como el director general de Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Francisco Covarrubias, han consignado que el suelo del AICM es propiedad de la administración encabezada por Peña Nieto.

"Desde el punto de vista legal, el AICM es un terreno propiedad del gobierno federal desde hace más de 60 años, como lo es el otro terreno del otro aeropuerto. Si el gobierno federal en su momento, dentro de siete u ocho años, decide hacer un hospital, sería únicamente facultad del gobierno federal", dijo Ruiz Esparza en entrevista radiofónica en marzo pasado.

El jefe de Gobierno, junto al secretario Chertorivski, han insistido en que el predio es de la Ciudad de México.

“No es entrar en polémica, pero la ley es muy clara: el uso de suelo de cualquier espacio en la Ciudad de México es del Gobierno de la Ciudad de México, entonces, eso no está a discusión. No estamos hablando de la propiedad, hay que distinguirlo muy bien, esos terrenos fueron destinados a un fin federal, por eso es que se estableción una concesión. En el momento en que desaparezca esa concesión… la Federación tendrá los terrenos, pero lo que quiere hacer ahí se lo tiene que preguntar a la Ciudad de México”, sentenció Mancera.