Más sanciones y control patrimonial: las propuestas anticorrupción de Meade

El abanderado presidencial del PRI, José Antonio Meade, incluyó en su propuesta anticorrupción endurecer las sanciones para actos deshonestos: desde multas económicas e inhabilitación para hacer negocios con el gobierno hasta quitarles los bienes producto de estas actividades.

El precandidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal ofreció este miércoles un esbozo de lo que sería su estrategia contra la corrupción en caso de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, que consta de una serie de propuestas de reformas.

Al estilo de Enrique Peña Nieto, cuando antes de asumir como presidente presentó a los senadores priistas una iniciativa para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, el exsecretario de Hacienda pidió a los líderes de los partidos que lo apoyan ahora en la Cámara de Diputados impulsar tres iniciativas para combatir actos ilícitos desde tres frentes: sanciones, declaración patrimonial y extinción de bienes. Esto propone:

1. Elevar sanciones para quienes incurran en un acto de corrupción. El abanderado del PRI propone incrementar los días de suspensión y los años de inhabilitación, así como los montos de las multas, para quedar así:

En el caso de servidores públicos, la suspensión será de 30 a 120 días naturales (la Ley de Responsabilidades señala actualmente de 30 a 90 días, por lo que se incrementaría la sanción máxima en 30 días).

En el caso de la inhabilitación cuando el daño del ilícito no exceda de 200 unidades de Medida de Actualización (UMA) —equivalente 16,032 pesos—, el castigo sería de 1 a 10 años, y cuando rebase el límite, sería de 10 a 25 años.

Para personas físicas, la sanción económica alcanzaría hasta tres tantos de los beneficios obtenidos por el acto ilícito (la ley actual dice dos tantos), y en caso de que no los hubiere, la amonestación sería de 100 a 200,000 veces la UMA —o sea entre 8,016 y 16 millones de pesos.

Cuando el acto amerite inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos o servicios, el periodo máximo sería de 10 años (la legislación marca hasta ahora ocho años máximo).

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Las sanciones económicas para personas morales o empresas quedan en máximo tres tantos de los beneficios obtenidos (la ley dice dos tantos). En caso de que no haberlos obtenido, la multa sería el equivalente de entre 1,000 y hasta dos millones de veces el valor del UMA —o sea de 80,160 a 160.3 millones de pesos— (la ley marca ahora un máximo de 120.2 millones de pesos).

2. Además de las declaraciones #3de3 (patrimonial, de posibles conflictos de interés y fiscal), la propuesta de Meade para cambiar la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que los servidores públicos cuenten con un certificado de evolución patrimonial, es decir una comparación entre los ingresos obtenidos, los impuestos pagados y los bienes que posee.

Este certificado sería un nuevo requisito para ocupar un puesto en la función pública, de acuerdo con la modificación que el aspirante propone a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Congreso General, con lo que aplicaría para los puestos de Jefe de Unidad o Equivalente y niveles superiores, así como también a diputados y senadores.

El certificado, que sería expedido por el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, debería renovarse cada año para poder permanecer en el cargo.

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4. Con la iniciativa de Meade, la figura de la extinción de dominio (como se conoce a la expropiación, o sea a la privación de la propiedad privada a favor del Estado) dependería de que el acusado pueda acreditar que los recursos con los que obtuvo un bien se adquirieron de manera legal. Esto significa que esta posible acción ya no estará ligada —como sucede actualmente— a que se compruebe que los bienes se adquirieron con recursos provenientes de una actividad delictiva, es decir si el bien se adquirió como producto de un delito.

Para esto, se tendría que aprobar la tercera propuesta que presentó Meade, referente a la modificación de los artículos 22 y 102 de la Constitución mexicana.

Esta propuesta fue calificada de "plagio" por la oposición. La diputada de Morena Rocío Nahle señaló que era una iniciativa que su partido ya había hecho antes.

En respuesta, la diputada Mariana Benítez, vocera de la campaña del precandidato del PRI, negó que la iniciativa sea una copia. “Qué lamentable que con una mentira pretendan descalificar esta propuesta como un supuesto plagio”, afirmó la legisladora en entrevista radiofónica.