“La subasta fijada como mecanismo de asignación no está sustentada en legislación alguna, y la distribución de unidades a través de un algoritmo no ha sido probada ni validada por alguna instancia independiente a la administración que llevó el proceso. Además, privilegia los beneficios económicos por encima de los beneficios de sustentabilidad y movilidad para los capitalinos, y genera distorsiones en el mercado, pues gana quién pueda pagar más, no quien ofrezca el mejor servicio o los mejores patines eléctricos”, señaló Julia Ortiz, Directora de Relaciones con Gobierno de Lime México.
Bajo esta situación la empresa expresó algunos puntos por los que no pagará esta contraprestación, entre ellos la falta de certeza sobre el futuro de micromovilidad de la CDMX al estar redefiniendo las reglas constantemente, el nulo ejercicio de verificación hacía algunos operadores y dado que la subasta no tiene sustento legal.
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“Los montos señalados como piso sin tope reflejaban una inconsistencia con los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad previstos en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” indicó un comunicado de prensa de la plataforma.
Ana Daniela Portillo, Directora General de Lime México, señaló que, tanto en la Ciudad de México como en las principales capitales del mundo ha quedado demostrado, con base en el uso y análisis de data el cual ha sido compartido de manera responsable y transparente con las autoridades respectivas, que los patines eléctricos agilizan la movilidad urbana de manera sustentable, eficiente y respetuosa con el medio ambiente y son una solución.
“Reiteramos que es de nuestro pleno interés continuar operando en el país, conminamos a las autoridades a desbloquear la Ciudad de México bajo esta premisa. Esperaremos la resolución del proceso judicial en curso y seguiremos apostando por cambiar el paradigma de movilidad que hasta ahora privilegia al uso del automóvil”, añadió Portillo.
