“Hay limitación en los datos, sobre todo en el tema de clasificar los delitos, no hay datos de mujeres indígenas, con discapacidades, mujeres afrodescendientes, por ello el tema de interseccionalidad es relevante, además no se sabe mucho sobre los hechos, hay dos fuentes importantes: la base de datos del sector salud, que se publica cada año con un retraso de un año. Y la del sector de seguridad pública, donde falta información, pues no se sabe si se usó una arma de fuego, estrangulamiento, etc. Tampoco hay posibilidad de que los familiares de las víctimas contabilicen y den un seguimiento claro a cómo va avanzando el caso”, indicó Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.
Algunos esfuerzos en el tema, como el que ha hecho María Salguero al recopilar en un mapa sobre el número de feminicidios que hay en el país son un primer avance a lo que se requiere para ser más claro en el tema de violencia que vive el país, de acuerdo con Meltis, sin embargo “las bases de datos hacen y sobre todo la tipificación de delitos provocan que incluso estos datos públicos no sean precisos al problema de género que vive el país” puntualiza Meltis.
Dentro del gobierno de Nuevo León, por ejemplo, cualquier mujer que haya muerto a causa de una arma de fuego tiene la denominación de feminicidio, por lo que no existe un acercamiento real a la situación, de acuerdo con Katherine Aguirre, asociada de investigación en el instituto Igarapé, una organización que busca disminuir la violencia de género a través de estudios y comparativas entre México, Colombia y Brasil.
