¿Es posible oponerse a la recolección de datos para el padrón de telefonía?

Por lo tanto, los clientes que ya contaban con una línea telefónica antes del 19 de abril, dispondrán de dos años para registrarse, mientras que quienes la obtuvieron después de esa fecha tendrán seis meses a partir de que el IFT publique los lineamientos de la normatividad.

De acuerdo con el abogado Luis Pérez de Acha, la ciudadanía no debe desanimarse por el hecho de que un juez desechara las demandas e incluso recomendó estar al pendiente de las iniciativas colectivas, pues será posible presentar amparos 30 días hábiles después de que entró en vigor la reforma, es decir, hasta el próximo 28 de mayo.

Y es que desde su perspectiva, las demandas son válidas, pues “tienen como característica jurídica la inquietud o incertidumbre de los usuarios de telefonía sobre que nuestros datos —en particular los biométricos— los aportemos y no estén correctamente asegurados, blindados”, comentó a Expansión .

“Todavía queda mucho camino y es desaconsejable quedarse fuera de la esta posibilidad de presentar amparos, porque tendremos más oportunidades para hacerlo”, dijo el especialista, quien también explicó que si bien el juez tomó la decisión de detener las demandas por el momento, abrió la posibilidad de que se vuelvan a presentar en el futuro próximo.

Cabe mencionar que el juez Juan Pablo Gómez Fierro sí ha aceptado amparos en contra del Panaut. Hasta el momento, ha otorgado 58 suspensiones provisionales a favor de particulares y asociaciones bajo el argumento de que las obligaciones establecidas en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión afectaría los derechos de los usuarios y no necesariamente contribuirán a reducir delitos.

A partir de estos recursos se busca que los usuarios no estén obligados a dar de alta su línea telefónica, datos personales y biométricos en el Panaut. Asimismo, las autoridades no podrían cancelar su servicio por la falta de registro.

No obstante, este lunes Presidencia decidió impugnar una de las suspensiones otorgadas por el juez Gómez Fierro. Por lo tanto, un tribunal colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones deberá determinar si confirma, revoca o modifica la protección de la justicia federal al usuario en cuestión.

En este sentido, Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, resaltó en entrevista con Grupo Imagen la importancia de que la gente se sume a amparos colectivos, pues así se demuestra que el perjuicio será mayor para los usuarios que los posibles beneficios, además de que individualmente exigirán una inversión de tiempo y dinero.

Ante este panorama, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) anunció que pronto lanzará una plataforma donde ayudarán a los usuarios a interponer amparos para evitar proporcionar sus datos biométricos. Esta iniciativa, comentó el director de la R3D, Luis Fernando García, será gratuita.

Además, la misma organización puntualizó que propondrán acciones, con el fin de presionar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de que interponga recursos de institucionalidad y apoye a quien desee ampararse. Cabe decir que el INAI ya anunció que iniciará este proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras asociaciones y especialistas también han solicitado a la ciudadanía que actúe con calma al querer interponer este tipo de recursos jurídicos. Michel Hernández, miembro de Observatel, dijo a El Universal que no se debe recurrir a cualquier amparo que se encuentre en la red, pues no sólo se trata de llenar un machote.

Asimismo, destacó que no es recomendable acudir a cualquier abogado que ofrezca sus servicios para este fin, pues estos deben dar acompañamiento para poder realizar el proceso legal de manera satisfactoria y no aprovecharse de la situación para obtener dinero.

En caso de que la norma continúe a pesar de los amparos, apuntó Pérez de Acha, el siguiente tema dentro de la discusión será “si el IFT tiene la entereza de implementar las medidas de cancelación de líneas, como se propuso”, es decir, sin derechos a reactivación, pago o indemnización alguna.

Al respecto es relevante mencionar que el propio IFT ha declarado no contar con los recursos económicos y de infraestructura para implementar el Panaut, por lo que de continuar con las medidas de austeridad hacia este organismo, el padrón sería vulnerable y su objetivo de cuidar a la población se vería fácilmente afectado.