Ley Rider: las red flags de una ley de seguridad social en las plataformas

Que el caso de España se repita en México es un temor latente de los repartidores nacionales, particularmente por la pérdida de flexibilidad laboral, la implicación de subordinación y las pérdidas de empleo que ello podría traer consigo.

“Realmente sería una catástrofe laboral y lo están minimizando (las autoridades mexicanas). Ya pasó en España, el primer día que se activó la Ley Rider el 75% de repartidores fueron desconectados y los que quedaron, sobreviven con algunos pedidos”, señaló Saúl Gómez, uno de los líderes de Repartidores Unidos de México (RUM).

Este tipo de regulaciones han surgido en distintos países, algunos con mejores resultados para los repartidores que otros, pero ¿qué pasó en España y por qué los trabajadores mexicanos de estas apps ven similitudes en el caso?

Para los españoles, la noticia llegó luego de la cuarentena dictada por la pandemia de covid-19. Gaviria comenta que pasaron de ser percibidos como héroes a invisiblizar su perspectiva sobre las regulaciones y de qué forma podían funcionar a su favor.

“Este no era el trabajo perfecto ni mucho menos, pero claramente es mejor el panorama que ofrece querer mejorar tu trabajo a tener que estar lamentando luego por despidos, que fue lo que pasó tras esta ley”, dijo Gaviria.

Gómez comentó a Expansión que han solicitado reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde que entró al poder el 1 de octubre y presentó como una de sus iniciativas el otorgar seguridad social a repartidores.

“Si bien celebramos que se haya escuchado que necesitamos seguridad social, no celebramos que nos quieran subordinar, que nos quieran imponer horarios y sindicatos”, agregó Gómez.

El representante de RUM recalcó que en este momento no hay ningún sindicato que los represente y quienes se acercan bajo esta bandera son impuestos y “se saben personas cercanas al gobierno”.

En España, “hablaron (el gobierno) con sindicatos genéricos”, dice Gaviria, “que son de representación mayoritaria por constitución más no porque nosotros les hayamos elegido como colectivo”.

“Es muy bonito hablar de derechos laborales, creo que es un discurso que le viene muy bien a cualquier político porque es un argumento tremendamente populista en este contexto (...) pero a mí de qué me sirve si en el marco en el que se desarrollan estos derechos laborales es de inviabilidad”, agrega Gaviria.El líder en España añade que, en su experiencia, los modelos de regularización “rígidos” no funcionan en un mercado “tradicionalmente volátil” y donde el mayor incentivo es la flexibilidad. “A nosotros no nos sirve de nada que un político venga a decir que nos viene a salvar cuando en la práctica ni siquiera nos está escuchando”, sentenció.

Gómez y Gaviria coinciden en que una ley de este tipo impacta en toda la cadena, con menores ganancias para los establecimientos y repartidores, y mayores costos para los usuarios, pues implica aumento de precio en el servicio de delivery.

La International Chamber of Commerce México (ICC) calcula que este aumento de costos podría traducirse en una disminución en las ventas de un 30% para Mipymes, afectando la economía local y generación de empleo.

En el caso personal de Gaviria y la Ley Rider, señala que él vio merma en sus ingresos superior al 50%.

¿Hay un ejemplo a seguir?

ICC advierte que la implementación de la reforma en México –como se plantea hasta el momento- limita la independencia que caracteriza a estas fuentes de ingresos. Como ejemplo de ello cita justamente a la Ley Rider, que adoptó un modelo laboral tradicional, reduciendo las fuentes de ingresos para miles de personas repartidoras.

En contraste, California y Chile, añade, han construido soluciones que combinan la independencia con el acceso a la seguridad social. Asimismo, hoy Brasil y Colombia analizan en sus congresos iniciativas que buscan conciliar la independencia con la protección social.

Gaviria señala como un ejemplo de avance y buena práctica el acuerdo de cobrar un salario mínimo de 11.75 euros (aproximadamente 12.70 dólares) por hora trabajada que repartidores lograron con Uber Eats en Francia en 2023.

“Esto es un avance porque por lo menos se asientan las bases sobre las que se puede ir construyendo”, aseguró.

En el caso de Chile, citado por ICC, hace referencia a la Ley 21.431, que entró en vigor en el 2022. Ésta establece un contrato de “servicios digitales de trabajadores independientes”, es decir, que se respeta su autonomía.

Entre otras cosas, se permite que se utilicen formas de pago variable dependiendo de la distancia recorrida y cantidad de productos en el pedido, entre otros factores.

También incorpora una cláusula que señala que podrá distribuirse libremente la jornada en el honorario que mejor se adapte a las necesidades del trabajador o de lo contrario se aplicará la regla general de la distribución de la jornada ordinaria en Chile.

“La importancia de la escucha que, aunque es un argumento que parece tan tremendamente de sentido común, vaya que le cuesta a los políticos y yo creo que la principal reivindicación a todo esto es: escúchenos”, sentenció Gaviria.

El escenario legal en México

Con esta iniciativa se estima que alrededor de 650,000 personas que laboran como repartidores y conductores puedan acceder a derechos de trabajadores formales en esquemas tradicionales.

Si bien en primer lugar se plante el acceso a la seguridad social, además está la cobertura por accidentes laborales, acceso a crédito Infonavit, pago de utilidades y derecho a aguinaldo. Para ello, la propuesta introduce el concepto de “subordinación discontinua”, Antonio Maluf, abogado especialista en derecho laboral explicó a Expansión que éste hace referencia a una modalidad que permite reconocer la flexibilidad horaria de los trabajadores en las plataformas.

“Esto significa que sin importar el número de horas trabajadas, la persona que participa en plataformas digitales podrá contar con una relación laboral reconocida que permita tener estos derechos y protecciones sin renunciar a su autonomía”, refiere el especialista.

Sin embargo, agrega, lo anterior implica “muchísimas complicaciones” y contradicciones legales prácticas ante el modelo que existe actualmente.

“El gobierno de México pretende más bien hacer una reforma sin consultar a las demás partes, es decir a las empresas y los trabajadores. Pareciera más bien que nuevamente están disfrazando beneficios fiscales a través de modificaciones laborales”, comentó Maluf.

Desde la perspectiva del especialista, la Ley Federal del Trabajo está rebasada sobre su concepto de lo que es una relación de trabajo. Detalló que anteriormente partía de tres conceptos principales: subordinación, salario y jornada.

En su iniciativa “la presidenta (Claudia Sheinbaum) mencionaba que no importaba si trabajabas el tiempo que tú quisieras, pero la realidad es que el día que llega una demanda en materia laboral, las horas de trabajo sí importan y los trabajadores claro que van a reclamar horas extra”, añadió.

Otro ejemplo de complicación es el cálculo del aguinaldo, el cual requiere un salario base, algo que no existe en el esquema de trabajo actual de los repartidores.

“Tiene que haber un modelo híbrido para este tipo de relaciones laborales, así como todo lo que conlleva; por ejemplo, quién es el responsable de retener parte del salario para después aportarlo como seguridad social”, explicó.

El especialista en derecho laboral reconoce que la labor para crear una reforma verdaderamente efectiva para los involucrados no es sencillo, pues además de lo establecido en la ley requerirá capacitación para los repartidores y trabajadores al interior de las empresas de delivery. También es necesario contemplar casos específicos como aquellas personas que trabajan en estas apps como un ingreso adicional pero ya cuentan con seguridad social.

Maluf subrayó la importancia de tomar en cuenta los modelos ya existentes en otros países y las voces de los repartidores locales para, por lo menos, lograr puntos medios.

Se requieren “pláticas y demás para llegar a puntos medios, porque repito, desde mi perspectiva, es una estrategia al gobierno para recibir este ingresos a través de aportaciones fiscales sin darse cuenta de la cantidad de grises que existen”, concluyó.