El nuevo marco legal faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a realizar tareas de inteligencia con fines de "seguridad nacional", sin necesidad de autorización judicial ni mecanismos de control independientes.
También elimina la obligación de obtener permisos judiciales para acceder a datos conservados por empresas de telecomunicaciones o geolocalizar dispositivos móviles en tiempo real. Así, se normaliza una práctica que hasta ahora se realizaba en la opacidad, pues se consolida el espionaje selectivo por parte de las Fuerzas Armadas, añade la organización.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 detallan que estas técnicas no son hipotéticas y ya fueron documentadas en investigaciones como Ejército Espía , que reveló cómo Pegasus fue utilizado contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos sin consecuencias legales para los responsables. La impunidad, advierten, ha sido absoluta.
“Estas reformas legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, al facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por “motivos de seguridad nacional”, sin que existan salvaguardas ni controles para estas atribuciones”, señaló R3D.
Las reformas no se limitan al ámbito de la inteligencia militar. Cambios a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada establecen la CURP biométrica como requisito para acceder a servicios públicos y privados.
Este identificador incluirá datos como huellas digitales y rostros, los cuales se alojarán en una Plataforma Única de Identidad con capacidad de consulta en tiempo real.
Este tipo de arquitectura tecnológica no solo amplía el acceso del Estado a información personal sensible, sino que también lo hace sin garantías claras de transparencia, rendición de cuentas o control independiente. En paralelo, el Senado aprobó la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos, que introduce la Llave MX, una herramienta de autenticación digital vinculada a esta CURP biométrica.
“Los antecedentes que tienen los sistemas de gobierno evidencian que tener la centralización de este tipo de datos tan sensibles pueda poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos”, señaló en entrevista Víctor Ruíz, CEO de la compañía de ciberseguridad Silikin.
Otro de los elementos que a expertos preocupa de la reforma es que se permite a la Guardia Nacional realizar operaciones encubiertas, una facultad que había sido invalidada en 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarla incompatible con derechos como la privacidad y la no incriminación. Esa restricción fue eliminada legislativamente.
