A ello se suma una reciente modificación publicada por el gobierno federal que reduce el porcentaje de gastos operativos reconocidos para la seguridad social. En el caso de los motociclistas, pasó de 50 a 40%, mientras que para conductores bajó del 60 a 55% y para repartidores no motorizados de 15 a 12%. Esto significa que una porción mayor de sus ingresos será considerada base salarial para cotización y por lo tanto retenida, ampliando la cobertura pero también el costo directo para el trabajador y la plataforma.
Cuando la reforma se discutía, los trabajadores digitales ya advertían que si el Estado obligaba a las plataformas a pagar una cuota patronal, estas lo trasladarían en forma de tarifas más altas, y quienes terminarían pagando serían ellos mismos y los consumidores. Ese escenario, comenta Balderas, ya está ocurriendo.
“En el papel nos dicen que tenemos más derechos, pero en la cartera yo traigo menos dinero”, resume el vocero de RUM.
AlianzaIn México, que agrupa a las plataformas Uber, DiDi y Rappi, afirma que si bien los primeros meses han permitido recabar información técnica y establecer mesas de coordinación con las autoridades, también reconoce que será necesario ajustar procesos como el cálculo del ingreso neto o la clasificación de los riesgos de trabajo antes de pensar en consolidar la reforma como política permanente.
“En términos generales, podemos decir que el período piloto ha avanzado, pero aún se requiere tiempo y colaboración continúa para obtener la información suficiente que permita una evaluación técnica, informada y responsable del modelo”, refiere la agrupación a través de una postura oficial enviada a Expansión.
La visión de AlianzaIn es que este sigue siendo un momento para identificar áreas de oportunidad. Como puntos positivos comenta que se mantiene una comunicación constante, tanto a nivel asociación como de forma individual por parte de las plataformas digitales, con las áreas técnicas del IMSS en temas como el proceso de alta, baja y cambios de sueldo, que se hacen mes con mes conforme a los lineamientos del piloto. También se abordan temas técnicos que requieren mayor claridad, como la calificación de riesgos de trabajo y la continuidad en el acceso a servicios médicos.
Aunque desde RUM también reconocen y celebran la apertura de espacios de diálogo con las autoridades, refieren que lo dicho en estos encuentros y a veces asentado en el papel no termina de reflejarse en las calles.
Para Balderas, los costos parecen superar los beneficios: “Si pudiera regresar en el tiempo, preferiría no tener seguridad social”, reconoce, reflejando la percepción de muchos trabajadores que sienten que los nuevos impuestos, las obligaciones legales y los retos diarios del reparto erosionan sus ingresos más que protegerlos.
Además, relata que la promesa de seguridad social se ha topado con la realidad de un sistema engorroso.
“Ha habido compañeros que han solicitado la incapacidad y hemos notado que falta muchísima capacitación para todo el personal operativo, porque no llegan a visibilizar a los repartidores”, comenta Balderas.
Esto, dice, provoca que sigan usando los seguros privados ofrecidos las plataformas resultan más ágiles y prácticos, aunque dependen de la empresa y no ofrecen la misma protección.
