En el 2025, ICE le adjudicó un contrato de aproximadamente 30 millones de dólares para desarrollar ImmigrationOS, una plataforma que ofrece “visibilidad casi en tiempo real” sobre movimientos de personas migrantes, sobreestancias de visa y otros indicadores que las autoridades consideran relevantes para priorizar acciones de cumplimiento migratorio.
El sistema, además de unificar datos biométricos y biográficos de múltiples bases de datos gubernamentales, también categoriza y segmenta a individuos por atributos como procedencia, historial migratorio e incluso características físicas visibles en registros oficiales.
El software es capaz de señalar, localizar y, en muchos casos, dar datos para deportar a personas que no cumplen con criterios migratorios, razones por las que este uso de software expansivo en operaciones migratorias no ha estado exento de críticas, ni de tensiones éticas.
Organizaciones de derechos humanos y académicos han alertado que sistemas con tanto poder de integración y visibilidad, cuando se combinan con prioridades de cumplimiento agresivas, fomentan prácticas que pueden vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de no culpabilidad, la privación de libertad sin justificación y el debido proceso legal.
En mayo del año pasado, exempleados de la empresa publicaron una carta donde acusaron a Palantir de ser “cómplice en crímenes contra la humanidad” por su participación en las políticas migratorias de Trump. Según estos excolaboradores, Palantir abandonó cualquier compromiso ético en favor del lucro y el poder, además de que Alex Karp, su CEO, se convirtió en “un facilitador tecnológico” de un sistema que criminaliza y persigue personas vulnerables.
