Posteriormente, un hombre, identificado como su pareja, salió con un arma de fuego y presuntamente amenazó al trabajador. La confrontación quedó registrada en un video difundido en redes sociales.
La grabación provocó indignación entre otros trabajadores de plataformas digitales, quienes acudieron al inmueble la noche del 10 de noviembre para exigir que las autoridades intervinieran.
Sin embargo, para las organizaciones que representan a los repartidores, el incidente no constituye un hecho aislado, sino una muestra de la violencia que enfrentan durante sus jornadas laborales y de la falta de mecanismos efectivos para protegerlos.
Saúl Gómez Piña, fundador de Ni Un Repartidor Menos A.C., declaró a Expansión que su organización no participó en la movilización, aunque considera que la reacción de los trabajadores refleja el descontento acumulado por la inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades.
"Nosotros no estamos participando", aclaró Gómez Piña, quien atribuyó las manifestaciones a "un hartazgo de que las autoridades no apoyen. La violencia es un tema que simplemente es desastroso contra los repartidores en aplicaciones", añadió.
Más de 47,000 asaltos contra repartidores en la CDMX
La inseguridad que enfrentan los repartidores ya había sido denunciada meses antes de este episodio. En agosto de 2026, Ni Un Repartidor Menos A.C. y la colectiva Ni Una Repartidora Menos, difundieron un informe sobre los delitos y agresiones registrados contra trabajadores de plataformas digitales en la Ciudad de México.
De acuerdo con los registros de ambas organizaciones, entre 2017 y el 5 de agosto de 2026 se contabilizaron 47,137 asaltos contra repartidores en la capital del país, así como 23 trabajadores asesinados, de los cuales 21 eran hombres y dos mujeres.
El documento también identificó 297 agresiones contra repartidoras, de las cuales, según los colectivos, únicamente tres llegaron a denunciarse formalmente. Las organizaciones estiman que apenas 1.7% de los asaltos registrados se denuncia ante las autoridades, una situación que atribuyen a la desconfianza en las instituciones y a las dificultades que enfrentan las víctimas para iniciar y continuar los procesos legales.
