'Gasolinazo' obligará a los estados a ajustar sus presupuestos: Fitch

Las entidades tendrán que ajustar sus presupuestos porque cuando fueron aprobados no fue considerada un alza en los combustibles de la dimensión que anunció Hacienda, indica la agencia calificadora.
Lo que tienes que saber sobre el aumento a la gasolina
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El aumento a los precios de gasolinas impactará el gasto corriente de los estados, cuyos gobiernos tendrán que ajustar sus presupuestos en 2017, estimó la agencia calificadora Fitch.

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"Los precios máximos vigentes desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 3 de febrero de 2017 para las gasolinas y el diésel, junto con la metodología para su determinación, no tendrán un impacto directo en los ingresos de las entidades subnacionales, pero sí influirán en su gasto corriente", consideró la calificadora en un comunicado divulgado este martes.

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Fitch, una de las tres calificadoras principales del mundo, indicó que el incremento de los combustibles no implicará mayores ingresos para los estados, pues el Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (IEPS) estatal y federal aplicable a las gasolinas no fue modificado con base en los nuevos precios, y son una cuota fija por litro.

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La agencia agregó que el impacto será en el gasto corriente, pues uno de sus rubros son materiales y suministros, entre los cuales está el gasto en combustibles.

Añadió que los estados tendrán que hacer ajustes a sus presupuestos porque al momento de ser aprobados el año pasado no fue considerada un alza en los combustibles de la dimensión que anunció Hacienda la última semana del año.

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"La mayoría de las entidades no consideró un incremento de la magnitud anunciada por la SHCP en el costo de los combustibles al momento de elaborar sus presupuestos de egresos para el ejercicio de 2017. Por lo tanto, estará obligada a hacer ajustes en otras partidas presupuestales para mantener en equilibrio sus finanzas", advirtió.

El aumento de los precios de las gasolinas, de hasta 20%, es parte de un proceso previsto en la reforma energética para transitar de un monopolio estatal en la venta de los combustibles hacia un mercado libre en el que los precios sean fijados por diversos factores.

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Entre esos elementos están los precios internacionales del petróleo, los costos de refinación, del transporte y almacenamiento, el margen comercial de la estación de servicio, los impuestos y el tipo de cambio vigente.

La liberalización de los combustibles se contemplaba para 2018; sin embargo, el gobierno federal propuso adelantarla para 2017, decisión avalada por el Congreso de la Unión.

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