5 alcaldes de Guerrero piden seguridad tras el asesinato del edil de Pungarabato

Tras el asesinato del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, al menos cinco alcaldes de Guerrero solicitaron de manera formal protección personal, confirmó el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes.

En su mayoría, los servidores públicos han sido amenazados en llamadas telefónicas por grupos criminales, como ocurrió con Soto Duarte, quien había denunciado ese hecho desde el año pasado, a sólo días de que tomara posesión del cargo, y que de hecho contaba con escoltas proporcionados por el Gobierno de la República.

El funcionario no precisó el nombre de los cinco alcaldes que formalmente pidieron seguridad de la Policía Estatal, por protección de los propios presidentes municipales. Sin embargo, algunos de ellos, respaldados por sus propios partidos, decidieron hacer públicas sus denuncias de amenazas por parte de grupos criminales; entre los alcaldes con preocupaciones sobre su seguridad están militantes del PRD, Movimiento Ciudadano y del PRI.

Es el caso del coordinador de presidentes municipales del PRD en Guerrero, Pablo Higuera Fuentes, alcalde del municipio de Eduardo Neri, quien dijo que fue intimidado por la delincuencia vía telefónica. Los amagos, explicó el perredista, ocurrieron entre los meses de diciembre y enero del año pasado.

Aunque no abundó sobre el tema, por cuestiones “de seguridad”, el edil sostuvo que las amenazas no sólo han sido hacia él, sino que también le han advertido con “meterse con la familia”.

Sin embargo, Higuera Fuentes señaló que no conoce con precisión qué era lo que querían porque cortaba las llamadas.

Ante esto, el dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, informó que se pidió protección para el alcalde.

Otro caso fue expuesto por el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso estatal, Ricardo Mejía Berdeja, quien denunció amenazas de la delincuencia organizada contra el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García.

El legislador local agregó que el presidente municipal —de su grupo político— recibió amenazas a inicios de esta semana, también en una llamada telefónica, situación que calificó como “preocupante”.

“Estaremos pendientes para que esto que denuncia el alcalde pueda tener acción eficaz de parte del gobierno, buscaremos a autoridades de la Secretaría de Gobernación, porque es preocupante que alcaldes sean víctimas de este tipo de amenazas”, apuntó.

A petición de la fracción de MC, el Congreso del estado aprobó la noche de este jueves un exhorto a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para brindar medidas de seguridad personal al alcalde Vázquez García.

En la sesión, el diputado de MC Silvano Blanco de Aquino precisó que el exhorto es para “evitar otro asesinato”, como el de Soto Duarte.

El legislador explicó que las llamadas de amenaza son de parte de la delincuencia organizada que buscan “intimidarlo y conseguir ingresos económicos que manejan los municipios”.

“En días pasados fue asaltada la tienda de su hermana, y es una señal muy clara de la delincuencia organizada, porque un delincuente común no se atrevería a hacer algo parecido, y son los mensajes que envía la delincuencia, previos a tomar decisiones de otro tipo”, alertó.

Otro caso es el del alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, quien aceptó que reforzaran su seguridad y la de su familia.

“Primero se tiene que dar atención a la seguridad de la ciudadanía, y después vemos una parte de la protección (para mí) que lamentablemente tiene que ser así (...) Hay un riesgo por parte de la autoridad inminente; y tampoco yo creo... yo quiero ser presidente municipal, no quiero ser un héroe”, dijo.

Desde el 22 de diciembre del año pasado, el alcalde priista aseguró que había recibido amenazas del crimen organizado, motivo por el cual el 13 de enero de este año acudió a la delegación de la PGR en Chilpancingo para interponer una denuncia.

Leyva Mena mencionó en esa ocasión que en llamadas telefónicas había recibido amenazas para cobro de “cuota” del propio presupuesto municipal y “libertad para trabajar”.

“Lo que quieren es que se relaje el modelo institucional para que ellos puedan penetrar y formar parte del gobierno”, señaló.