3 escenarios para el futuro de la Constitución de la Ciudad de México

Con ocho impugnaciones en contra y apenas a dos meses de que fue promulgada, la Constitución de la Ciudad de México ya enfrenta el riesgo de que sus normas sean frenadas y no se hagan realidad.

Los recursos —presentados por instituciones del gobierno federal, órganos autónomos y otros actores políticos— deben ser resueltos en los próximos meses por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos fallos sentarán un antes y un después sobre hasta dónde llega la libertad de acción de los legislativos locales, de acuerdo con abogados consultados por Expansión.

Por lo pronto, la Constitución capitalina tiene frente a sí al menos tres grandes escenarios, que pueden variar por factores como la falta de uniformidad en los criterios de la SCJN sobre cuál es el límite de las facultades de un Congreso local.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido poco consistente en los criterios respecto de qué puede y no puede hacer un Constituyente local. A veces nos dice que, cuando amplía derechos o los derechos quedan más específicos, es porque legislan, y a veces nos dice que no, que no es válido que legislen”, dice Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Con él coincide Gustavo Garduño, académico de la Universidad Panamericana (UP), quien destaca el hecho de que alrededor de 50% de los artículos de la Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente está bajo impugnación.

En espera de que los ministros se pronuncien sobre el tema, estos son los escenarios que puede vivir la Constitución capitalina.

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Escenario 1: la Corte pide una 'Constitución espejo'

Una posibilidad, explica Cruz Angulo, es que la SCJN determine que la Constitución local no puede ir más allá de lo que establece la federal y debe ajustarse fielmente a ella, en particular en materia de derechos.

“La Corte podría determinar que no hay ninguna posibilidad de que la legislación local se aleje del texto de la Constitución General y, en consecuencia, todas las constituciones locales en el apartado de derechos tendrían que ser fiel espejo de lo que dice la federal”, comenta.

Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM y quien fue uno de los diputados que participaron en la elaboración del documento capitalino, también advierte de la posibilidad de que la Corte mantenga una postura "formalista" y, con ello, eche abajo la mitad del trabajo de los constituyentes.

Uno de los puntos bajo la lupa es el derecho al uso médico y terapéutico de la marihuana, contemplado en la Carta Magna capitalina, pero impugnado por el Senado con el argumento de que es contrario a normas federales como la Ley General de Salud.

El diputado local César Cravioto, líder de los diputados de Morena —primera fuerza en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF)—, considera que si la Corte echa abajo puntos de ese tipo limitará los derechos de los habitantes de la capital del país.

"Sí, claro (la Constitución está en riesgo), porque si todo lo que impugnaron lo echa atrás la Suprema Corte, ya de qué Constitución hablamos", dice en entrevista.

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Escenario 2: la Corte avala lo aprobado

En el otro extremo, el segundo escenario es que la SCJN reconozca que los legislativos locales pueden ampliar los derechos de los ciudadanos de un territorio, siempre que no entren en "franca colisión" con lo establecido en la Constitución federal.

Cruz Angulo cita como ejemplo que en la Constitución de Michoacán se fijó que la educación será gratuita hasta nivel universitario, cuando en la Constitución del país la gratuidad llega sólo hasta el nivel medio superior.

En el caso de la Constitución capitalina, el académico señala que un tema que podría generar polémica es el relativo a los derechos de las comunidades afrodescendientes, barrios y comunidades originarias, pues se trata de preceptos no contemplados en el ámbito federal.

"Esto sí entra en una sintonía muy distinta a lo que dice la Constitución General de la República. Ahí, la Corte puede decir que las constituciones locales no tienen facultades para legislar en la materia", señala Cruz Angulo.

Garduño resalta que otro punto controvertido es el que establece que el Congreso local se integrará, en igual porcentaje, por diputados electos por voto directo y por diputados electos por la vía plurinominal. Para el abogado de la UP, esto representa un "retroceso democrático" que los ministros podrían revertir con facilidad, pero no hay certidumbre sobre cuál será la decisión final.

"Hay que ver bien cuál va a ser el análisis que va a hacer la Suprema Corte, pues hay que recordar que su punto de referencia es la Constitución General, y ésta no dice nada sobre cuál es el mínimo de diputados que pueden ser electos directamente por los ciudadanos, ni cuál es el máximo que deben tener por representación proporcional”, dice.

Este punto fue impugnado por el partido Morena y, según los especialistas, está entre los que deben ser resueltos con más rapidez, porque el proceso electoral en el que la ciudad elegirá nuevos gobernantes y legisladores arranca formalmente a finales de este año.

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Escenario 3: las nuevas instituciones, en duda

El tercer y último escenario que prevén los expertos tiene que ver no con los derechos que se plantea dar a los capitalinos, sino con la creación de nuevas instituciones locales, como un Consejo Judicial Ciudadano, encargado de la designación de los consejeros de la Judicatura local.

Dicho punto fue impugnado por el Tribunal Superior de Justicia capitalino, con el argumento de que un organismo así vulneraría la autonomía del Poder Judicial.

“La gran pregunta es si cada entidad puede crear órganos distintos a los que se contemplan en la Constitución General, pues la Corte nos puede decir sí o no. En caso de que la Corte diga que no, entonces marcaría el federalismo porque estaríamos a expensas de que todo tuviera que tener cierto agarre con la Constitución General”, refiere Cruz Angulo.

Mientras inicia la discusión en la SCJN, el gobierno de la Ciudad de México ya lanzó su estrategia de defensa jurídica. Para desplegarla tiene a 60 figuras públicas, entre las que están integrantes del grupo redactor del proyecto de Constitución, diputados constituyentes, académicos de la UNAM y asesores externos. Entre los nombres que se encuentran están los de Cuauhtémoc Cárdenas, Alicia Ziccardi y Santiago Corcuera.

Asimismo, exintegrantes de la Asamblea Constituyente —encabezados por quien fue su presidente, el senador Alejandro Encinas— han solicitado a la Corte que reconozca la personalidad jurídica de dicho órgano para también defender el documento.

Hasta ahora, la SCJN sólo ha reconocido para ello al gobierno capitalino y a la ALDF. Sin embargo, asambleístas como Cravioto creen que deben ser los propios constituyentes quienes defiendan aquello que aprobaron.

"Yo soy de la idea de que tendríamos que decirle a la Suprema Corte que esta no es la ventanilla, es absurdo… Nosotros no la elaboramos, no estuvimos en la discusión, nosotros no tenemos el antecedente de por qué se votó de tal o cual manera tal o cual artículo. Entonces, es verdaderamente una aberración jurídica que se le pida a la Asamblea Legislativa que defienda algo que no hizo”, dice.

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Mauricio Torres contribuyó con este reporte.