La defensa de Javier Duarte se lanza contra los testigos de la PGR

La defensa de Javier Duarte arremetió contra uno de los pilares en los que la Procuraduría General de la República (PGR) sustenta el proceso penal por corrupción que tiene al exgobernador de Veracruz en prisión: los testigos colaboradores.

Marco del Toro, abogado del exmandatario, señaló durante la audiencia de este sábado que los testimonios de Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez —señalados como excolaboradores del veracruzano— fueron obtenidos de forma ilegal y bajo coacción, lo que los convierte en prueba ilícita.

El defensor aseguró que la PGR obtuvo las declaraciones de sus testigos al ofrecerles a cambio retirar órdenes de aprehensión en su contra por el mismo caso , lo cual —en su opinión— equivaldría a negociar "con la soga al cuello”.

Del Toro agregó que fue indebido otorgar esta opción a los excolaboradores de Duarte, debido a que no se puede aplicar para obtener el testimonio de una persona señalada por el mismo delito que el acusado contra quien va a declarar. Es el caso de este proceso, en el que tanto Duarte como Ortega López y Janeiro Rodríguez están acusados de delincuencia organizada .

El abogado afirmó que ambas declaraciones son el soporte principal de la investigación de la PGR, que el sábado expuso 82 elementos para intentar probar la responsabilidad de Duarte , y obtuvo del juez de la causa otros seis meses para completar el expediente.

“De esos 82 (datos de prueba), nos limitamos a dos testigos. Esa es la clave de toda la acusación”, dijo Del Toro a Radio Fórmula este lunes.

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La PGR, que niega haber obtenido los testimonios bajo coacción, argumenta que se justifica usar la declaración de los excolaboradores contra Duarte, pues se trataría de alguien de más jerarquía en la supuesta estructura criminal.

Duarte está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR asegura que el exmandatario encabezó una “empresa criminal” para desviar recursos públicos del gobierno de Veracruz. Actualmente está sujeto a proceso penal en el Reclusorio Norte .

El reto y el riesgo

La PGR debe reunir elementos que refuercen el caso durante los seis meses dictados por el juez para afinar el expediente, pues de acuerdo con la especialista Karen Silva sería “muy difícil” basarlo jurídicamente solamente con testimonios, sin otras pruebas científicas.

“Si eventualmente la PGR sustenta su acusación casi totalmente en testigos protegidos, sí hay un riesgo (...) Ese es el reto para la Procuraduría, ahí se va a ver realmente cuáles son sus capacidades de investigación”, dijo a Expansión la investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

Silva agregó que el juez puede desechar las declaraciones de los colaboradores de la PGR, o darles una valoración mínima como prueba, por lo que es importante que la Procuraduría los robustezca con otros elementos de prueba.

“El testimonio en sí mismo no sirve de mucho porque el sistema actual exige que haya una investigación y capacidades probatorias mucho más fuertes (...) cuando las procuradurías no tienen fortalezas de investigación para tener otras pruebas que hagan que los casos sean sólidas, obviamente el caso se puede caer”, advirtió.

El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que el Ministerio Público pueda aplicar “criterios de oportunidad” para desistirse de ejercer acción penal tras pactar con el imputado que “aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”, así como que “se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido”, entre otros motivos.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé la alternativa de que los antecedentes de investigación que el colaborador aporte o que se obtengan gracias a su participación no sean utilizados en su perjuicio en alguna futura investigación. Si ya existiera un proceso en su contra, se puede acordar reducir la pena correspondiente, en caso de que aporte “pruebas eficaces para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión”; también incluye rebaja de pena en caso de que sea acusado de otros delitos.

Estos beneficios, agrega la legislación, solamente podrán concederse en caso de que el colaborador haya cometido delitos “más leves” que aquellos que facilitaría a investigar; en el caso de los mandos en las estructuras criminales, únicamente se aplicarán cuando incriminen a “integrantes de la misma jerarquía o nivel”.

El expediente contra Duarte cuenta con otra declaración, la del exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, quien habría mencionado que fue instruido a desviar recursos federales por órdenes del entonces gobernador .