Una encuesta retrata la espiral de violencia en el sistema penitenciario

La población privada de la libertad reporta corrupción e inseguridad desde el momento en que es arrestada y durante todo el proceso de encarcelamiento, de acuerdo con la nueva medición del Inegi.
Algunas de las personas privadas de la libertad señalaron que deben pagar para acceder a servicios básicos como agua potable.
Precariedad  Algunas de las personas privadas de la libertad señalaron que deben pagar para acceder a servicios básicos como agua potable.  (Foto: Cuartoscuro)
José Roberto Cisneros
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Una nueva encuesta retrata las condiciones de corrupción y violencia con que las personas son privadas de la libertad, acusadas de cometer algún delito, así como la precariedad de la vida penitenciaria.

Los consultados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en todos los penales del país manifestaron haber sido víctimas de actos de agresión y corrupción desde el momento de su detención, en la etapa en el Ministerio Público, en el proceso judicial y durante la reclusión.

“Intuíamos las condiciones de precariedad de la vida penitenciaria, pero ahora por primera vez las hemos medido”, dijo este lunes el presidente del Inegi, Julio Santaella, durante la presentación de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, aplicada en todos los penales a cerca de 58,000 del total de los 211,000 internos en el país.

El ciclo de violencia inicia en ocasiones con el arresto: 21% reportó haber sido sustraído de un lugar sin orden de aprehensión y otro 20%, en la calle sin orden de aprehensión. Del resto, 25.5% respondió haber sido arrestado inmediatamente después de cometer el presunto delito, 13% durante la comisión del presunto delito y 13.1%, con una orden de aprehensión.

Durante la detención, 63.8% sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad o persona que realizó el arresto (59% patadas y puñetazos, 39% golpes con objetos y 37% lesiones por aplastamiento); mientras tanto, 75.6% sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto (58.3% fue incomunicado o aislado y 52.5% fue amenazado con levantarle cargos falsos). Además, solamente 19.8% logró comunicarse con un abogado.

Al rendir su declaración después de la presentación ante el Ministerio Público, 46.6% indicó que policías o autoridades lo presionaron para dar otra versión de los hechos y solamente con 28.8% estuvo presente su abogado; 47.5% se declaró culpable, y de ese total 24.3% se dijo presionado o amenazado y 16.4% dijo que fue agredido físicamente.

En el MP, 39.4% afirmó que recibió patadas o puñetazos, 23.5% golpes con objetos, 23.1% lesiones por aplastamiento, 13.7% descargas eléctricas y 3.1% violación sexual, 49.4% fue incomunicado o aislado, 40.8% amenazado con levantarle cargos falsos y 39.8% fue desvestido.

Ya en el reclusorio, 19.1% mencionó sentirse inseguro en su celda y 31.9% dentro del centro; 33.2% fue víctima de alguna conducta ilegal, entre las más comunes, 89.2% de robo, 24.6% de lesiones y 20.1% de extorsión.

Más de la mitad, 50.5%, comparte celda con entre una y cinco personas, 3.2% con ninguna y 45.6% con seis o más (en los centros estatales y municipales, el porcentaje es de 51.1%, y en los centros federales de 4.5%), y 12.5% añadió que comparte cama.

En los centros estatales y municipales se presentan problemas de abandono, pues apenas 25% comentó que recibió ropa, 21% cobijas, 8.9% calzado y 7.6% artículos de aseo personal. En los penales federales, el cumplimiento de esta obligación es superior a 95%.

“En términos generales, las condiciones en los centros penitenciarios federales están mejor que en los centros penitenciarios estatales y municipales”, señaló el director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, Adrián Franco,

La situación de violencia, autogobierno y hacinamiento en los penales del país ha provocado casos de fugas y motines que han dejado decenas de personas muertas y heridas.

El Inegi estimó una tasa de 393 víctimas de corrupción por cada 100,000 internos, de los que sobresalen 272 durante el arresto, 147 en la etapa de Ministerio Público, 58 en el proceso judicial y 108 en el centro penitenciario.

Entre los beneficios que se buscan a través de estos actos deshonestos destacan 66.4% por exentar el pase de lista, 50.2% para tener aparatos eléctricos, 42.4% para cambiar de celda, 37.3% para salir al patio de visitas, 35.1% para tener agua potable, 30.4% para tener acceso a un teléfono y 28.9% para acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares. El 87.4% de estos pagos indebidos se realizó a custodios y 36.1%, a otros internos.

Además, este problema permanece en la impunidad, ya que 94.2% de dichas acciones no denuncia, 31.4% por temor a represalias, 26.6% porque dijo que es una práctica común y 20.2% porque dijo que sería inútil.

La encuesta —“la más grande que se tiene hasta el momento a nivel internacional”, de acuerdo con Santaella— se realizó a través de entrevistas en los 338 centros federales, estatales y municipales del país, del 31 de octubre al 9 de diciembre de 2016.

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“La idea es tener por primera vez un retrato fiel de lo que está ocurriendo en la realidad en los centros penitenciarios y la experiencia que han tenido estas personas para haber llegado a ese lugar, y a partir de ese momento comenzar a hacer acciones en cada uno de los distintos ámbitos en que las autoridades tienen atribuciones. Aquí hay mensajes muy claros para las autoridades municipales, estatales y federales, para las policías, para las autoridades de procuración de justicia, las autoridades judiciales y para la parte de centros de readaptación”, agregó el presidente del Inegi.

El levantamiento de esta medición tomó aproximadamente dos años de trabajo, y se espera que la segunda edición pueda realizarse en tres años.

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