La Segob crea una unidad para cerrar la ‘puerta giratoria’ del sistema penal

La Secretaría de Gobernación (Segob) creó un equipo para evitar la liberación de presuntos delincuentes que por su peligrosidad deberían permanecer presos durante el desarrollo de su proceso penal, fenómeno conocido como ‘puerta giratoria’ y que ha encendido un debate entre autoridades y activistas.

La dependencia publicó, a través de la Policía Federal (PF), el decreto que echa a andar a partir de este jueves la Unidad de Medidas Cautelares, la cual deberá evaluar la peligrosidad de las personas arrestadas por delitos de alto impacto, con la intención de aportar elementos al juez de control, quien es la autoridad facultada para ordenar la prisión preventiva sin mayor trámite, en los casos que considere que así lo ameritan.

“Se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, como una Unidad de Apoyo del Comisionado General (de la PF), cuyo objeto será proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso”, indica el acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida de prisión preventiva oficiosa puede autorizarse en casos relacionados con delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos , así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, pero las autoridades deben acreditar ante el juez que esto es necesario.

Funcionarios federales y gobernantes estatales han urgido a modificar el modelo de justicia —que entró plenamente en vigor en 2016, tras un plazo de ocho años para alistar ajustes previsto en la reforma constitucional de 2008—, para garantizar prisión preventiva oficiosa en particular a quienes sean acusados de portación de armas, al argumentar que la posibilidad de que se les permita enfrentar su proceso en libertad pone en riesgo la seguridad pública, y así se refleja con los crecientes índices de violencia. Expertos argumentan que el nuevo sistema penal no requiere cambios, sino que las autoridades han incumplido en fortalecer sus capacidades para conseguir la medida cuando es necesario.

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El decreto de la Segob está fundamentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales —que entró plenamente en vigor hace un año y un mes—, el cual prevé la existencia de esta autoridad, que hasta el momento no había sido puesta en marcha a nivel federal .

La unidad será responsable de recomendar y verificar el cumplimiento de otras medidas cautelares, aparte de la prisión preventiva, como la presentación periódica del imputado, que éste exhiba una garantía económica, embargo de sus bienes y cuentas, prohibición para salir del país o de una cierta localidad, sometimiento a vigilancia, impedimento para acudir a determinadas reuniones o lugares o para acercarse a ciertas personas, suspensión de su empleo, colocación de localizadores electrónicos o resguardo domiciliario , entre otras.

Estas acciones tienen como propósito garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, así como evitar la obstaculización del procedimiento.

El titular de la unidad será nombrado por el comisionado de la PF, Manelich Castilla, en acuerdo con el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales. La PF le asignará recursos conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Polémica

Altos funcionarios y gobernantes han señalado que las garantías que la reforma penal prevé para presuntos delincuentes fomentan el alza de la criminalidad y que los delincuentes sigan en las calles. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha insistido en este punto, e incluso ha mencionado que los gobernadores plantearán cambios al modelo.

“Robo a transeúnte ha sido un delito que ha sido muy difícil combatir, sobre todo a raíz de esta reforma”, dijo a El Universal .

Este argumento fue secundado desde el gobierno federal por el comisionado Sales, quien describió este fenómeno de ‘puerta giratoria’ como “un efecto no deseado del nuevo sistema”, y agregó que hay consenso con mandatarios, procuradores y secretarios de Seguridad Pública locales para urgir al Congreso a que se concrete la modificación que garantice prisión oficiosa para los casos de portación de armas de fuego.

"Hubo un fallo y hay que ajustarlo, y es un fallo de vida o muerte y se debe solucionar”, dijo el mes pasado a Radio Fórmula .

Especialistas como el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, se han manifestado en contra de acotar las garantías previstas por la reforma penal, y reiteran que las autoridades deben justificar las decisiones que impliquen limitar las libertades de las personas que están acusadas pero no han sido sentenciadas.

“Con el nuevo Sistema, debe ser el Ministerio Público quien demuestre por qué alguien es un peligro para la sociedad, limitando así su acceso a los beneficios que la ley le otorga de enfrentar el proceso en libertad”, escribió en El Universal .

Otros funcionarios acompañan esta postura. El titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República (PGR), Rommel Moreno, afirmó que el punto no es que todos los acusados estén en la cárcel, y que uno de los objetivos de la reforma es dejar de privilegiar la prisión preventiva como medida cautelar.

“No todas las personas tienen que ir a prisión”, comentó a Milenio TV .

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió recientemente que las personas encarceladas pero aún no sentenciadas, cuyo proceso penal se comenzó a tramitar en el anterior sistema, pueden solicitar que se les imponga alguna otra medida cautelar en lugar de la prisión preventiva , lo cual tendría que ser evaluado por un juez.