¿Raúl Cervantes a la fiscalía? Estos son los argumentos a favor y en contra

Quienes apoyan el eventual nombramiento del procurador resaltan sus conocimientos en materia de Derecho. Quienes se oponen advierten que su cercanía al PRI restaría independencia a la institución.
¿El futuro fiscal general?  Con la normatividad actual, Cervantes tendría "pase automático" de procurador a titular de la fiscalía una vez que nazca esta institución.  (Foto: Cuartoscuro)
Ariadna Ortega
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La posibilidad de que el actual procurador, Raúl Cervantes, se convierta en el próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) tiene enfrentados a los políticos que respaldan su trayectoria y cualidades, con los partidos de oposición y las organizaciones civiles que rechazan su eventual nombramiento y "pase automático" al cargo.

Si bien la reforma política de de 2014 —que estableció la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una institución autónoma— señala que para ser fiscal únicamente se requiere ser mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años al día de la designación, contar con al menos 10 años de experiencia como licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por un delito doloso, los detractores de Cervantes advierten que éste no cumple con otras condiciones.

En particular, subrayan que el hecho de que es un militante activo del PRI le restaría autonomía a la futura fiscalía.

Cervantes no se ha pronunciado al respecto, aunque en octubre de 2016 —cuando el presidente Enrique Peña Nieto lo propuso como procurador, cargo en el que fue ratificado por el Senado— señaló que se debía trabajar en la transición de la PGR a la FGR, para que las víctimas de delitos sean atendidas con profesionalismo, pertinencia y prontitud.

Se prevé que este tema sea abordado en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que está por comenzar. Y en ese marco, aquí están los argumentos de quienes apoyan la posible llegada del procurador a la fiscalía, y también los de quienes se oponen a tal escenario.

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Los 'votos' a favor

La normatividad actual establece que quien sea procurador se convertirá en titular de la fiscalía —por nueve años— una vez que ésta nazca formalmente.

Cervantes cumple los requisitos legales para el puesto: nació en la Ciudad de México en 1963; es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana (UP); tiene especialidades en Derecho Económico Corporativo, Financiero, Penal y en Juicio de Amparo, y no ha sido condenado por delitos dolosos.

El presidente del Senado, Pablo Escudero, del PVEM, afirmó recientemente que Cervantes tiene las credenciales y el respaldo necesario para convertirse en fiscal general. Escudero aseguró esto luego de que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, llamara a los legisladores de su partido a cerrar filas para evitar la designación de Cervantes e, incluso, acusara que ha recibido ataques personales por oponerse al nombramiento.

"El procurador Cervantes cuenta con un prestigio en el cual habrían de sumarse muchos más senadores que lo conocieron, que conocen de su trabajo, de su experiencia, de su profesionalismo, y sin duda podría alcanzar incluso una mayoría calificada", dijo a medios.

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"Nosotros hablamos del tema curricular, es un abogado que tiene mención honorífica por la UP, tiene especialidades (...) ha sido profesor del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) de tiempo completo, es un abogado exitoso, es un hombre íntegro, yo creo que sí tiene las cualidades para poder ser fiscal general", agregó este martes en entrevista con Noticias MVS, y criticó a Anaya porque, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, votó a favor de la reforma de 2014.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, también reiteró el respaldo del partido al procurador.

"Que quede aquí patente el apoyo del Partido Revolucionario Institucional al trabajo destacadísimo que está haciendo Raúl Cervantes como procurador general de la República", dijo Ochoa en un comunicado difundido al término de la reunión plenaria de los legisladores priistas, quienes representan la primera fuerza en ambas cámaras pero carecen de los votos suficientes para sacar adelante temas por sí solos.

Los 'votos' en contra

Cervantes ha sido senador y diputado federal por el PRI, incluso fue presidente del Senado cuando se aprobó la reforma energética y participó en la campaña presidencial de Peña Nieto y en su equipo de transición en 2012.

Según organizaciones y expertos, es justo esta trayectoria política lo que restaría autonomía a la fiscalía en caso de que Cervantes llegara a encabezarla.

"Es un abogado preparado que sabe de Derecho Constitucional, el problema es que justo tiene los antecedentes partidistas inmediatos, y eso merma lamentablemente la credibilidad del funcionamiento de la institución", dijo Marco Fernández, profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey, quien advirtió que se generaría la sospecha de que la fiscalía actúa no por criterios de justicia, sino por otros de simpatía política.

"Cuando uno observa que el procurador ha sido militante destacado del PRI, que fue senador del partido, que fue parte del equipo jurídico del presidente en campaña (…) inevitablemente uno tiene que subir la ceja y sospechar, ese tipo de sospechas no existirían si una persona sin credenciales partidistas se convierte en fiscal", señaló el también especialista de México Evalúa.

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Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, destacó que, más que centrarse en la persona, el país debe darse una legislación que "blinde" a la fiscalía y garantice su autonomía.

"Nos hemos concentrado de más en el tema del pase automático, es muy importante, creo que nadie coincide con la idea del pase automático, ni siquiera el presidente, el presidente mandó una iniciativa para hacerlo (eliminarlo), pero creo que lo que estamos diciendo es que necesitamos transformar la PGR y no solamente cambiar de titular", dijo.

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Este martes, los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás —que integran más de 200 organizaciones civiles— presentaron un proyecto de iniciativa ciudadana para cambiar el diseño de la fiscalía y, afirman, de esa manera asegurar que sea autónoma y acabe con la impunidad de los delitos cometidos en el país.

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