La elección del fiscal general, la pelea que viene en este periodo legislativo
A poco más de una semana de que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, una nueva confrontación se vislumbra entre los principales grupos parlamentarios: la pelea por el nombramiento del nuevo fiscal general de la República.
Los partidos de oposición coinciden en que uno de los temas prioritarios debe ser eliminar el llamado "pase automático" por el que el actual procurador general, Raúl Cervantes, se convertiría en el titular de la nueva institución. Argumentan que esta reforma es necesaria para garantizar que la fiscalía sea encabezada por un funcionario con independencia, no ligado ni al PRI ni al grupo político en el gobierno federal.
"No se trata de generar paquetes de impunidad al estilo (Javier) Duarte o (Roberto) Borge; se trata de tener un fiscal general de la República autónomo, independiente, sin subordinación al Poder Ejecutivo", dijo este miércoles el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, durante una conferencia de prensa.
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Con esta postura coinciden el PRD y Morena, que en sus reuniones plenarias —previas al arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre— abordaron el tema de la eliminación del pase automático.
A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto ya presentó una iniciativa para borrar esta disposición y de que el PRI es la primera fuerza en el Senado, el asunto permanece detenido desde noviembre pasado.
El mandatario envió su propuesta luego de que en octubre Cervantes fuera ratificado por el Senado como procurador, y ante el reclamo de organizaciones civiles que consideraban que su posible pase automático afectaría a la nueva fiscalía. Entonces, las agrupaciones se pronunciaron en contra de ese escenario, debido a la militancia priista de Cervantes y a su cercanía con Peña Nieto, en cuya campaña presidencial participó como líder de estrategia jurídica.
Frente a esto, el PAN, el PRD y Morena señalan que es necesario que se modifique el artículo 102 de la Constitución, con el fin de garantizar la autonomía de la institución que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR).
"Tiene que haber, a partir de la reforma constitucional, una ley de la Fiscalía General de la República, para que podamos, efectivamente, traducir en la ley la connotación de lo que es autonomía e independencia, para que haya efectivamente la transformación de procuraduría a un órgano constitucional autónomo", dijo el senador morenista Miguel Barbosa.
La senadora perredista Alejandra Barrales, también dirigente nacional de su partido, aseguró que su instituto cerrará filas para evitar que Cervantes llegue a ser fiscal general y, además, impulsar que quien llegue a dicha posición sea una persona con autonomía.
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Un fiscal autónomo
Organizaciones civiles y expertos se han manifestado en contra de la posibilidad de que Cervantes llegue a ser fiscal, al considerar que es un hombre cercano al presidente y que esto entorpecería el trabajo de la fiscalía.
"(Existe) la necesidad de que el fiscal no sea él, no sea alguien que venga de la clase política, debe haber un nombramiento autónomo del fiscal", dijo a Expansión el director de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), Alejandro González Arreola.
Para el experto, este mismo criterio debe seguirse en otro nombramiento pendiente: el del fiscal anticorrupción.
"Que no sea militante de un partido, que sea ciudadano independiente", añadió González.
En el contexto de esta nueva confrontación política, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, acusó este miércoles al gobierno federal y al PRI de promover ataques en su contra por oponerse a la posible designación de Cervantes como fiscal.
Anaya hizo estos señalamientos en una entrevista con Radio Fórmula, luego de que el diario El Universal publicó que el patrimonio de su familia consta de inmuebles cuyo valor asciende a 308 millones de pesos. Hasta ahora, ni la vocería del gobierno federal ni el PRI se han pronunciado sobre las afirmaciones del panista.
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