OPINIÓN: Ya sin Obama, es hora de una reforma migratoria integral

Nota del editor: Leon Fresco fue jefe de la dependencia Office of Immigration Litigation del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el presidente Barack Obama de 2014 a 2016 y uno de los principales negociadores del Senado que redactaron la ley de reforma migratoria de 2013. Las opiniones expresadas son exclusivamente suyas.

(CNN) — Después de prometer en campaña que se pondría fin al programa de Acción Diferida (DACA), la Casa Blanca ahora dice que colocar a más de 700,000 jóvenes en el limbo migratorio ya no es una prioridad. En su lugar, dedicarán recursos destinados a asegurar el cumplimiento de la ley en delincuentes y amenazas a la seguridad nacional.

Este sensible cambio de enfoque, mientras dure, ofrece la oportunidad de contemplar qué más puede ser posible en materia de política inmigratoria durante los próximos cuatro años.

La nueva administración ha hecho varias promesas sobre inmigración que ya todos conocemos, entre ellas la construcción de un muro fronterizo y hacer que México pague por él; resolver los impedimentos legales existentes para deportar a delincuentes no ciudadanos; fortalecer el proceso de escrutinio e investigación de extranjeros por motivos de terrorismo; y poner fin a los abusos de los programas para trabajadores extranjeros.

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Sabemos que cada uno de estos temas pronto será objeto de debate contencioso en el Congreso, lo que probablemente resulte en un impasse legislativo. La falta de avance en estas discusiones podría entonces obligar a que la administración adopte medidas unilaterales sobre estas cuestiones (algunas de las cuales ya ha comenzado a tomar), lo que haría que grupos de derechos civiles y empresas presenten litigios federales para impugnar estas acciones. Y esto terminaría siendo un gran esfuerzo invertido a cambio de muy poco progreso.

Pero no tiene por qué ser así.

Afortunadamente para republicanos y demócratas, y para el país, hay una manera más simple para que esta administración cumpla todas sus promesas. La respuesta es aprobar un proyecto de reforma migratoria integral que incluya compromisos bipartidistas para lograr impulsar cada una de las promesas de Trump en la materia, pero también implica que una vez que el presidente (o su sucesor) declare que se han cumplido, podrá otorgarse la residencia legal permanente a todos los indocumentados respetuosos de la ley que viven actualmente en Estados Unidos.

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Antes de que esta idea sea desechada como la fantasía de un escritor ingenuo, consideremos que los republicanos del Congreso han dicho que apoyan cuatro principios para la reforma migratoria: asegurar la frontera, la observancia de las leyes existentes, fomentar la inmigración legal y darle a las personas en situación ilegal la posibilidad de obtener estatus legal.

Según los republicanos del Congreso, el único obstáculo para aprobar tal proyecto de ley en el pasado era que el presidente Obama era un socio poco confiable en el tema de inmigración. Pero ahora este impedimento se ha ido. Los republicanos aparentemente confían en que este presidente cumpla sus promesas. Por lo tanto, por qué no aprobar un proyecto de ley que de hecho cumple los objetivos declarados de los republicanos sobre la inmigración -con el entendido de que los objetivos declarados de los demócratas no se producirán a menos y hasta que se hayan alcanzado los objetivos de observancia de la ley.

Hay muchas buenas razones para que los republicanos y los demócratas acuerden este enfoque. En primer lugar, para los republicanos, este enfoque es la única forma garantizada de asegurar que los contribuyentes no tienen que pagar decenas de miles de millones de dólares para reforzar la frontera y aplicar la ley al interior del país. Y si bien el proyecto integral del Senado de 2013 hubiera gastado casi 40,000 millones de dólares en mecanismos adicionales para la observancia y ejecución de la ley, totalmente pagados por los extranjeros y las empresas que utilizan el sistema de inmigración, los republicanos no confiaron en Obama para implementar esta parte del proyecto de ley. Afirmaron que él encontraría una manera de sortearla e iría directo a la amnistía.

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Ese proyecto de ley también contemplaba asegurar la frontera a través de mayor personal (casi 20,000 agentes fronterizos más) y tecnología. Si el Congreso ahora quiere transferir parte de los 40,000 millones del personal a infraestructura (es decir, una valla, o incluso un muro), esto puede ser objeto de negociación.

En segundo lugar, ningún proyecto de ley migratoria pasará a menos que sea integral. Contrariamente a la creencia popular, los demócratas se han acostumbrado ahora a explicar que, en su opinión, los enfoques basados únicamente en la observancia y ejecución de la ley costarán a los contribuyentes miles de millones de dólares, causan daños innecesarios y la separación de familias que han estado aquí por décadas y conllevan enormes afectaciones a la economía y una mayor explotación de trabajadores ilegales.

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Los demócratas deben apoyar una legislación conjunta que impida la deportación de personas indocumentadas que ya viven aquí y no tienen antecedentes penales, pero que no confiera el estatus legal a nadie hasta después de que todos los parámetros del proyecto de ley se hayan alcanzado. Una vez cumplidos esos parámetros y métricas, las personas protegidas por el proyecto de ley podrían obtener el derecho a recibir la residencia permanente en Estados Unidos.

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Los demócratas deberían tener interés en apoyar esta legislación porque aliviará inmediatamente el miedo y la incertidumbre que está afectando a la comunidad de inmigrantes, y asegura por otro lado que se atienden finalmente las preocupaciones legítimas relativas a prevenir futuras olas de inmigración ilegal, para satisfacción de los mismos votantes que los demócratas tratan de recuperar.

La alternativa es clara: seguir luchando las mismas batallas del pasado, o trabajar juntos para lograr los objetivos declarados de todos. Con suerte, la colaboración prevalecerá sobre el combate.

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