OPINIÓN: Ladrón que roba a ladrón… ¿seguirá vigente con la apertura del mercado?

Con una industria abierta que implica los intereses de las empresas de EU y del mundo, el robo de combustible en México pone en cuestión ahora el estado de derecho para la inversión privada.
Robo de combustible  El mal lleva creciendo alrededor de una década, con pérdidas tal vez incalculables.  (Foto: iStock)
Miriam Grunstein

Nota del editor: Miriam Grunstein es académica asociada al Centro México de Rice University, coordinadora del programa de Capacitación al Gobierno Federal en materia de Hidrocarburos que imparte la Universidad de Texas en Austin y socia fundadora de Brilliant Energy Consulting.

(Expansión) — Hay temas explosivos. En México, el robo de combustibles lo es al grado que poco se ha analizado con la profundidad necesaria. Una mezcla de sustancias podría hacer estallar varios sectores del país: el político, junto con funcionarios todos sus niveles de gobierno; Pemex, tal vez desde lo más alto de la torre; la delincuencia organizada, e incluso algunas de las empresas más respetables a las que se les ha imputado la compra de combustibles robados.

El 26 de abril, un titular de la primera plana del New York Times anunció que el robo de hidrocarburos se ha vuelto una epidemia en México que ha alcanzado niveles críticos. Al leer la nota, es inevitable preguntarse ¿esto es novedad? Esta actividad delictiva comenzó a ser muy notable durante el gobierno de Felipe Calderón cuando, debido a la “balcanización” de los cárteles en el país, estos buscaron nuevas líneas de negocio.

El exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés explicó que antes de que se pusiera en práctica la Estrategia Nacional de Seguridad de dicho presidente, había una mayor focalización en el robo de hidrocarburos. Fue en esa época que se agruparon bandas que tejieron redes de tomas clandestinas pero que ahora se han extendido, descontroladamente, a lo largo de 10 años. Al tapar un hoyo se perfora otro.

Así, pues, la noticia de la primera plana del New York Times no es realmente novedad cuando el mal lleva creciendo alrededor de una década, con pérdidas tal vez incalculables, y con una maquinaria que, al ser desarmada, podría impedir que muchos lanzaran la primera piedra. El robo de combustibles es culpa y delito de muchos más de los que imaginamos.

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El nexo más señalado es entre el crimen organizado y algunos trabajadores de Pemex quienes, por temor o por lucro, revelan dónde poner quirúrgicamente la toma clandestina para evitar una hecatombe. Por otra parte, hay testimonios de trabajadores de Pemex quienes, parsimoniosamente, dicen que la falta de profundidad de los poliductos facilita que estos sean ubicados con un simple detector de metales. En su lenguaje coloquial “hoy cualquiera sabe poner un popote”.

También hay que considerar que mucho del transporte de combustibles se hace por tierra, lo cual es considerablemente más caro que por ducto, y requiere de una técnica mucho más rudimentaria para el robo. Basta parar el carrotanque, someter/o tener un acuerdo con los choferes, y llevarse el combustible donde fuere. Es irónico que el combustible lícito tenga que ser importado, mientras que el que se adquiere fuera de la ley ha llegado a Estados Unidos y a América Central.

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Por desventura, estas conductas tienen repercusiones muy profundas. El New York Times relata que los ladrones de combustibles se hacen llamar los “Robin Hoods” al proveer gasolina a quienes menos tienen. En esa misma nota se ven imágenes tétricas de las casuchas que contienen tambos y garrafones de gasolina, seguramente adulterada. Sin condiciones de seguridad industrial y protección a la salud y al medio ambiente, penosamente se podría afirmar que eso sea una manera de redistribución de la riqueza.

Por otra parte, si el mercado negro fuera más seguro, podría ser una tentación fuerte para poblaciones de mayores ingresos, como lo es el mercado de la piratería. Después de todo, muchos mexicanos se sienten timados por Pemex y sus gasolineros, en particular por la venta de los litros cortos. En esa tesitura, es ridículo que los nuevos entrantes presuman que ellos sí dan “litros de a litro” cuando debería ser una premisa elemental, no una ventaja competitiva.

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Mientras tanto, por fin la CRE anunció un ganador para la primera temporada abierta para la infraestructura de transporte y almacenamiento en Baja California y Sonora. Tesoro Corporation, una empresa refinadora y comercializadora independiente, ganó la capacidad disponible de transporte y almacenamiento en Rosarito, Ensenada, Guaymas y Hermosillo. Ellos traerán gasolina desde los Estados Unidos y la internarán y la almacenarán en esos mercados ya liberalizados. Son valientes.

Es de preguntarse si, al igual que en esas zonas, habrá quien se pelee por la capacidad en la zona del “triángulo rojo” al que se refiere el artículo citado del New York Times, que infecta en particular el estado de Puebla. Más aún, ya hay mucho billete y negocio sucio en los estados de Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Guanajuato. Así, es cuestionable si habrá quien quiera usar los ductos de Pemex, o construir los propios, en un país donde la gasolina se vende de conformidad con la ley de los huachicoleros.

Larga es la historia del robo de combustibles. ¿Por qué el New York Times le da la primera plana? Porque ya hay una industria abierta que podría implicar los intereses de las empresas de Estados Unidos y del mundo. Tal vez la población que lee este importante diario no se hubiera interesado en nuestra desventura si ahora México no fuera un mercado potencial digno de ser considerado.

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No es lo mismo robarle a Pemex, que le ha robado a los mexicanos con litros cortos, que a una empresa “decente”, que viene a hacerle justicia al consumidor mexicano. Es penoso pensar que Pemex es y ha sido para los huachicoleros pero que hay que mejorar el estado de derecho para la inversión privada, como si ésta fuera un fin en sí mismo. La verdad es que, si no hemos podido cuidar lo propio de la delincuencia, es improbable que llenemos las lagunas de nuestro estado de derecho para los particulares, de cualquier origen. Ya ellos decidirán si asumen el riesgo, como lo han hecho en otros países, o mejor se quedan en casa, lejos de los “bad hombres”.

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