La mancuerna que ha desmantelado casos de corrupción en Guatemala

Guatemala, donde el exgobernador de Veracruz Javier Duarte aguarda en prisión un proceso de extradición a México por acusaciones de corrupción, cuenta con un singular mecanismo internacional para abatir la impunidad, el cual ha hecho mancuerna con la Fiscalía General para desmantelar redes de deshonestidad política al más alto nivel.

El país vecino del sur acordó desde hace 10 años con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conformar una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que, de manera independiente al gobierno, investiga y presenta causas penales ante las cortes locales para desmantelar las redes políticas de deshonestidad.

El caso más emblemático de la actuación de dicha Comisión —encabezada desde 2013 por el colombiano Iván Velásquez— es el que mantiene preso al entonces presidente y vicepresidenta, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti , implicados en una trama de contrabando, defraudación de impuestos y sobornos conocida como La Línea, en el que colaboró con la fiscal general, Thelma Aldana —en el cargo desde 2014, designada por el propio Pérez Molina.

“Aún no salgo de mi asombro. Sabíamos que había corrupción, negarlo sería imposible; pero no en la magnitud que nos encontramos”, declaró Aldana en septiembre pasado a The New York Times .

Pero los resultados de esta colaboración se traducen en una veintena de investigaciones que involucran a legisladores, alcaldes, funcionarios judiciales, abogados y notarios en actividades de lavado de dinero, empresas fachada, adquisiciones públicas irregulares, desvío de recursos, falsificaciones, tráfico de influencias, despojos inmobiliarios y nexos con el narcotráfico.

“Frente a una situación de corrupción estructural que ha vivido Guatemala, el que en estas investigaciones que adelantamos con el Ministerio Público hubiéramos podido demostrar, con elementos de convicción muy fuertes, que altos funcionarios del Estado y factores diversos del país estaban comprometidos con actos de corrupción, con actos ilícitos, generó una cierta recuperación de la esperanza de los guatemaltecos en que sí era posible luchar contra la impunidad (...) No investigamos selectivamente, no hay miramientos, exclusiones”, comentó Velásquez a CNN en Español en febrero pasado .

Entrevista con Iván Velásquez: Cuando la impunidad obliga a pedir ayuda internacional

Imputados de alto nivel

Tras el arresto del presidente Pérez Molina, el trabajo conjunto de ambas instancias continuó con casos de alto nivel, como el caso de la aprehensión de Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano y e hijo del actual mandatario, Jimmy Morales.

De acuerdo con el diario guatemalteco Pensa Libre , ambos están relacionados con tres eventos, dos de los cuales nunca se llevaron a cabo, en los que habrían ayudado a Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia de José Manuel, a lograr las adjudicaciones, haciendo un “favor ilícito” para que presuntamente se beneficiara económicamente.

Como consecuencia de estas pesquisas, Aldana y Velásquez han recibido amenazas por las cuales incluso se dictaron medidas cautelares a favor de la fiscal por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Las estructuras criminales que han estado incrustadas en el Estado guatemalteco son poderosas y capaces de cualquier ataque hacia nosotros (Aldana y Velásquez), sin embargo no nos sentimos bajo ataque, al contrario sentimos fortaleza y que debemos seguir con nuestro trabajo”, dijo a CNN en Español en febrero pasado , y abundó que las intimidaciones provienen de los casos de mayor perfil, como el de La Línea.

La funcionaria reconoció tener preocupaciones por su seguridad, en particular tras dejar el cargo (mayo de 2018) y con él la protección que implica, y aunque admitió que abandonar un país es una opción, como hizo su predecesora, aclara que no le gustaría hacerlo. “Es un mal mensaje para la sociedad guatemalteca”, explicó.

De conserje a la lista de Time

Escoba, trapo, hilo y aguja en mano, Thelma Aldana inició su carrera en el Poder Judicial guatemalteco. A sus 19 años, la entonces estudiante de leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala se empleó como conserje de un juzgado del ámbito familiar donde, además del aseo, era su deber coser con cáñamo los expedientes, que aprovechaba para leer y reforzar su instrucción.

Siete años después empezó a trabajar como pasante, y ahora, a sus 61 años de edad, es símbolo de la limpieza anticorrupción el Guatemala y del desmantelamiento de los entramados de complicidades entre servidores públicos y empresarios, lo cual le valió ser designada por Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría íconos.

“Aldana demostró que el estado de derecho puede derrotar a la corrupción, incluso cuando se extiende hasta las más altas oficinas. Es una lección que cada país debe recordar”, indica la revista.

El año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos le otorgó el Premio Internacional a las Mujeres Valientes, mismo que han recibido personalidades como la exprocuradora de México Marisela Morales o la bloguera cubana Yoani Sánchez.

A nivel local también es muy querida. Al salir a la calle, contó a la BBC , gente le pide fotos. "Me dan ganas de llorar también con la gente porque estamos pensando en nuestro país", relató Aldana, quien previo a este cargo, se desempeñó como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la cual llegó a presidir.

Aldana explica la importancia de la autonomía para desempeñar las funciones de fiscal y atacar los actos de corrupción... incluso si esto implica encarcelar a quien la llevó al puesto.

“Es imperativo para un fiscal general ser absolutamente independiente. Si un fiscal general está sometido al poder político u obedece a intereses de quien lo nombró, realmente está perjudicando la investigación, el estado de derecho y el sistema de justicia general en su país. De tal manera que yo siempre estuve consciente de que mi lealtad tenía que ser, y tiene que ser, hacia las leyes, hacia la Constitución Política de la República, y que debo servir a los intereses de la población. Nada más”, comentó a CNN.

Cuando el entonces presidente Pérez Molina designó a Aldana, nadie sospechaba que la fiscal actuaría con esta contundencia contra el presidente; de hecho, se criticó que existía una supuesta cercanía política entre ambos —ella misma se considera “de derecha” pero “con pensamientos avanzados”—, en contraste con la fiscal saliente, Claudia Paz y Paz, quien no fue respaldada por el mandatario para un nuevo periodo.

La funcionaria despedida había destacado por su lucha en torno a violaciones de derechos humanos por parte de militares durante la guerra civil de la década de los años 60, ante que Aldana —señaló— pidió dar continuidad. “Pretendan que nada cambió”, dijo a los fiscales, según relató a la revista Americas Quarterly en su edición de febrero de 2016.

Esta publicación incluyó a Aldana junto con Velásquez en su top 5 de “caza-corruptos”.

Iván, amigo, Iván, El Temible

Iván Velásquez es el abogado colombiano de 61 años de edad que desde hace cuatro encabeza la Cicig, el periodo de mayor proyección de esta Comisión —luego de casi 10 años de sentar bases—, con el encarcelamiento de diversos altos funcionarios acusados de corrupción, incluyendo al presidente y a la vicepresidenta de Guatemala. Fue convocado por el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

El 'fiscal' extranjero —quien como tal goza de inmunidad diplomática para ejercer su misión— se ha insertado en la sociedad guatemalteca, donde sus habitantes igual lo vitorean "¡Iván, amigo, el Pueblo está contigo!" que lo apodan "Iván, El Temible". Es visto como un zar, pero no ruso sino anticorrupción.

Los resultados de esta iniciativa internacional han desatado tal furor en Guatemala que en las protestas de 2015 contra Pérez Molina se observaban pancartas con la leyenda "Yo ❤ Cicig"; es la institución con mayor confianza entre los guatemaltecos, según las encuestas, incluso por encima de la Iglesia. Los guatemaltecos hicieron tradición la costumbre de la Cicig de presentar casos en jueves, y lo viralizaron en redes sociales con el hashtag #JuevesDeCicig.

Iván ya era "temible" desde que en Colombia, donde se le llamó “el magistrado estrella” por trabajar casos de vínculos entre políticos y paramilitares, uno de los mayores problemas que su país arrastra desde hace 40 años que se conecta con el narcotráfico y el terrorismo, y que el propio Velásquez calificó como “tragedia nacional”. Como fiscal del Departamento de Antioquia, inició investigaciones relacionadas con derechos humanos en casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra civiles.

También en Colombia se lanzó contra los altos círculos del poder: su acción llevó a la cárcel al primo del entonces presidente Álvaro Uribe, Mario Uribe.

Sus investigaciones tienen en común la revisión del contexto, conexiones y estructuras en la comisión de los crímenes, y no en el procesamiento de individuos aislados.

Pero no todos aclaman a Velásquez como amigo: algunos políticos y analistas critican la imagen de “endiosamiento” a la figura del colombiano; otros lo acusan de ‘compra’ de testigos o ‘fabricación’ de pruebas, e incluso de que ha actuado “con saña”; el entonces presidente Pérez Molina llegó a pronunciarse por que saliera del país, y el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha calificado como “precedente nefasto” sus labores en el caso de la parapolítica de su país natal.

Estos señalamientos parecen no preocupar al comisionado, quien lo ve como la reacción natural de un investigado hacia su investigador, a lo que dice estar “acostumbrado”. En efecto, este tipo de acoso no es nuevo para él: durante su labor en Colombia, los organismos de seguridad llegaron a espiar sus comunicaciones, y el fiscal decidió renunciar.

“Son campañas que buscan generar en la comunidad desconfianza frente a mi figura como una persona que está por razón de las circunstancias en la posición que ocupo. Lo que estamos tratando de desarmar aquí son estructuras más permanentes que un gobierno, que han estado por décadas en el país, pero que se han valido de entes transitorios como los gobiernos para perpetuarse en sus beneficios, vicios, garantías, provecho, riqueza, en las utilidades que han tenido en esa captura del Estado”, dijo a CNN.

Velásquez consideró que “falta mucho” para abatir esta problemática. El actual presidente, Jimmy Morales, muestra estar consciente de ello al anunciar que pedirá a la ONU extender cuatro años el mandato de la Comisión, que vence en septiembre próximo.