El INE ve que el PRI en Coahuila rebasó el tope de gastos en casi 8%

Los resultados de la fiscalización de la campaña de la pasada elección de gobernador podrían llevar a la anulación del proceso; el tricolor advierte que impugnará este dictamen.
Sesiones maratónicas  El debate entre consejeros electorales y representantes de los partidos sobre la fiscalización de las campañas del 4 de junio se prolongó durante casi 18 horas, repartidas entre el pasado viernes y este lunes.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Los resultados de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) a las campañas de la pasada elección de gobernador de Coahuila encontraron un rebase del candidato del PRI, Miguel Riquelme, en los topes de gastos permitidos, lo cual podría llevar a la anulación del proceso del que resultó ganador. El PRI ya advirtió que impugnará este dictamen ante tribunales.

El órgano electoral determinó que la cifra de gastos notificados por el equipo del priista —quien compitió en alianza con el Verde, Nueva Alianza y otros partidos locales—, más aquellos no reportados pero detectados por las revisiones del INE, superó 7.86% el límite de erogaciones permitidas, fijado en 19 millones 242,478.57 pesos. El análisis de los consejeros arrojó que el candidato del PAN, Guillermo Anaya, también gastó más que el tope, en 4.56%, pero este nivel no sería suficiente para invalidar el proceso.

El Instituto aprobó el dictamen este lunes tras un prolongado debate entre consejeros y representantes de los partidos sobre si cuantificar diversas erogaciones y la manera de hacerlo, en conceptos como anuncios espectaculares, difusión de videos en estadios de futbol, publicidad en Facebook, encuestas de salida o pagos a los representantes de casilla.

Sobre este último aspecto, el Consejo General aprobó dar a los equipos de campaña 24 horas para entregar sus comprobantes —el PRI insiste en que sus enviados trabajaron de manera voluntaria— e iniciar un procedimiento oficioso para cotejar los datos presentados con los registros de la elección, con el objetivo de definir a más tardar en agosto si los partidos pagaron o no a sus representantes. Este procedimiento podría elevar los montos de gastos.

“Estas cifras podrán modificarse más adelante, en el momento en que se concluya el oficioso y se vea efectivamente a cuántos de los representantes los partidos les pagaron el día de la jornada electoral”, dijo el consejero Ciro Murayama, según declaraciones difundidas en un comunicado.

El TEPJF debe valorar estos montos al calificar la elección —antes del 1 de diciembre, fecha de inicio del nuevo gobierno—, pues los criterios de nulidad establecen la invalidez en el caso de que se rebase el tope en 5% o más, y de que la diferencia de votos entre los punteros sea menor a 5% —como ocurrió el 4 de junio en Coahuila—. En caso de invalidar el proceso, se convocará a votación extraordinaria, en la que no podrían repetir los candidatos que se compruebe que hayan superado el tope de gastos, y el Congreso estatal tendría que nombrar a un mandatario interino.

La fiscalización es la más reciente polémica en torno a la elección en Coahuila. Tras la votación del 4 de junio, la oposición acusó al PRI y a la administración del gobernador Rubén Moreira de cometer irregularidades, e incluso los candidatos del PAN, de Morena y los independientes se unieron en un frente para denunciar fraude.

Los consejeros electorales aprobaron durante la sesión extraordinaria que se prolongó por cerca de nueve horas la fiscalización de las campañas en el Estado de México, Nayarit y Veracruz. Los dictámenes encontraron gastos no reportados por las campañas, por lo cual se impuso sanciones, que también están pendientes por ser cuantificadas a partir del engrose de los expedientes.

El INE tomó estas decisiones al reanudar este lunes la sesión extraordinaria que suspendió la tarde del viernes, que también duró más de ocho horas, y durante la cual resolvió otras 78 quejas sobre el uso de recursos en las campañas en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Tras el prolongado debate, el Consejo General del INE aplazó este asunto clave con el fin de “dar certeza y transparencia a todo el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos partidistas”.

El PRI protesta; el PAN festeja

La dirigencia nacional del PRI afirmó que agotará los recursos jurídicos para impugnar estos resultados de fiscalización ante el TEPJF, al considerar que su candidato respetó el tope y que el INE empleó criterios contrarios a la ley, en tanto que el PAN celebró que el dictamen del órgano electoral abra el paso a una posible anulación del proceso.

“Será indispensable acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que restablezca de nuevo el orden y la certeza jurídica para todos los partidos”, aseguró el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa, a través de un boletín.

Entre los elementos rechazados por el PRI está el que los consejeros electorales diseñaron parámetros para situaciones no previstas, al acusar que dicha novedad los “deja en estado de indefensión” y les “niega su derecho de audiencia y valoración de pruebas”.

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“El día de hoy presenciamos una sesión que nos deja profundas preocupaciones respecto a la responsabilidad con que algunos consejeros han decidido poner en entredicho el rigor jurídico, el apego a la Constitución y a la legalidad, que han distinguido al Instituto”, agregó.

El dirigente partidista alertó que esta situación pueda afectar el proceso de 2018, cuando habrá elecciones de presidente, senadores, diputados federales y estatales, gobernadores y alcaldes.


Por su parte, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, aseveró que las conclusiones del INE confirman que la elección en Coahuila “es una de las más sucias en la historia de nuestro país”, y señaló que las defenderán ante tribunales.

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