En otro golpe legal a favor de Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA), Ia Corte de Apelaciones del Décimo Circuito un tribunal de Estados Unidos ratificó la decisión de un Tribunal de Colorado a favor de la constructora boliviana en la demanda en contra de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), por lo que esta empresa debería pagar a CIMSA un monto que ya se aproxima a 50 millones de dólares (mdd), según el fallo.
Laudo arbitral favorece a CIMSA en su litigio contra GCC
Mayor repercusión, frente a la crisis
Esta decisión puede tener un mayor impacto económico frente al actual contexto de la industria de la construcción, en todo el mundo, frente a la parálisis obligatoria por las diversas fases de confinamiento que se ha vivido. En México, por ejemplo, durante septiembre de 2020, las actividades manufactureras relativas a la construcción cayeron 5.6% con respecto al mes precedente, y (-)17.2%, al comparar la cifra contra el año anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Dentro de estas actividades, el cemento se mantiene como uno de los principales insumos para la industria de la construcción. Tan sólo en México se fabrican casi 30 millones de toneladas de cemento mortero y arriba de seis millones de toneladas de cemento blanco anualmente.
La industria de la construcción necesita reactivarse, a nivel mundial. En el actual contexto un golpe económico de tal envergadura puede afectar la operación de GCC e impulsar, a su vez, la capitalización de CIMSA.
Los antecedentes
Las dos empresas cementeras continúan con una disputa que se ha alargado por nueve años.
En 2005, la empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua se alió con la boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles para comprar la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce), la cementera más importante de ese país, que hoy tiene una capacidad de 2.9 millones de toneladas de cemento al año, lo que representa una participación de mercado de 46% en Bolivia.
Sin embargo, esa asociación inició la historia de su querella en 2011 luego de que GCC decidió vender sus acciones. Originalmente, había acordado que la preferencia de compra la tendría su socio comercial CIMSA, pero no se pudo concretar esta transacción.
GCC vendió entonces sus acciones (equivalentes a 47.2%) al Consorcio Cementero del Sur, motivo por el cual, CIMSA inició un proceso legal en el que, en 2013, el Tribunal Arbitral dictaminó un laudo favorable para esta empresa.
En 2015, un tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) reveló el laudo final con una indemnización de 36.1 millones de dólares, por concepto de daño y gastos, más intereses. Sin embargo, GCC no aceptó el fallo.
En marzo de 2019, un juez de Distrito en Colorado, Estados Unidos, revalidó la decisión a favor de CIMSA.
Después de una impugnación, el 17 de agosto de 2020 la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos ratificó el laudo arbitral de Colorado, propicio para CIMSA, con lo cual GCC está obligada a indemnizar a CIMSA por incumplimiento de compromisos, por lo que la cifra original de más de 36 millones de dólares, ya se acerca a 50 mdd.
Se estima que, de no pagarse la suma, seguirá incrementándose por los intereses que se generan. A pesar de la decisión del tribunal, GCC no ha aceptado el laudo en su contra.
Hasta el momento, los papeles públicos de Grupo Cementos de Chihuahua no han reflejado el fallo legal en su contra, como se esperaba el pasado 27 de octubre, al presentar su Reporte de Resultados del Tercer Trimestre, hecho que le podría ameritar una sanción, dado que en la Ley del Mercado de Valores, Artículo 2, se establece que toda empresa considerada en la BMV debe proporcionar en tiempo y forma información relevante acerca de su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica.
GCC continuará el litigio en la corte estadounidense, de acuerdo con lo que dio a conocer en un comunicado a la Bolsa de Valores el pasado 12 de noviembre.