Terminó la relación laboral y buscó otro trabajo. No pidió nada a cambio, ni dinero extra, ni una carta de recomendación. Pero tampoco denunció la humillación, ni respondió ninguna encuesta de salida.
Magda Rodríguez, psicóloga certificada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), asegura que erradicar la violencia laboral es responsabilidad de las empresas, pero también de los empleados. "¿Crear espacios sanos, sin brechas, malos tratos o discriminación por género? Sí es posible, sólo que es un trabajo en conjunto y paulatino. Los colaboradores deben ser agentes de cambio. Sensibilizarse e involucrarse más en temas de equidad y respeto. Y los empleadores y líderes deben ser detonantes para que ese cambio de mindset suceda. Esto incluye acatar normas, crear planes de cumplimiento, códigos de ética y, sobre todo, predicar con el ejemplo", indica.
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De acuerdo con datos de la STPS, en México, el 26.6% de las mujeres que trabajan han experimentado algún acto de violencia laboral. Con el fin de hacer frente a esta realidad, la Secretaría presentó el Protocolo Para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Laboral.
Este documento obliga a los centros de trabajo a prevenir la discriminación por género y atender los casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual. De no cumplirlo, las empresas estarán sometidas a una multa de hasta 434,400 pesos, según lo establece la Ley Federal del Trabajo.
En un comunicado de prensa, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, destacó que el protocolo define los procedimientos para brindar atención a las presuntas víctimas de algún caso de violencia laboral. También señala las vías e instancias competentes al interior y exterior del centro de trabajo que puedan apoyar en cualquier tipo de acoso sexual, hostigamiento sexual y acoso laboral, como humillaciones y burlas.
A diferencia de otros marcos normativos, el protocolo de actuación no requiere que un agente externo acuda a las empresas para certificarlas, pues la STPS es quien hará una evaluación cada seis meses.
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