Coincheck informa a regulador sobre robo de criptomonedas
La plataforma japonesa de intercambio de criptodivisas Coincheck Inc, bajo presión para proteger a los inversores después del robo de 530 millones de dólares en divisas digitales el mes pasado, dijo que envió este martes un informe a los reguladores sobre el ataque.
La Agencia de Servicios Financieros ordenó a Coincheck que eleve su estándares después del ataque de fines de enero y le pidió un informe sobre la seguridad de sus sistemas y las medidas que tomará para evitar que se repita.
El informe incluyó una investigación de Coincheck sobre el ataque y los detalles de las medidas para reforzar su sistema de gestión de riesgos, dijo la plataforma en un comunicado. El envío del informe se produce mientras Coincheck elimina obstáculos para retirar yenes.
La plataforma, que congeló las retiradas de yenes y criptodivisas tras el ataque, dijo la semana pasada que había confirmado la integridad de la seguridad de su sistema y que desde el martes permitirá a los clientes retirar yenes.
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Una fuente dijo a Reuters el viernes que Coincheck había recibido solicitudes de retiros de clientes por unos 30,000 millones de yenes (280 millones de dólares).
La plataforma realizará una rueda de prensa próximamente, dijo una personas conocedora del asunto. Coincheck no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por correo electrónico.
El ataque ha dejado al descubierto fallos en el sistema japonés de regulación de comercio de criptodivisas y pone en cuestión el intento del país de supervisar el sector, un paso que contrasta fuertemente con las restricciones de autoridades de países como Corea del Sur, China e India.
El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo el martes que las criptodivisas probablemente no suponen una amenaza a corto plazo para monedas como el yen porque se emplean sobre todo para comercio especulativo, más que como medios de pago.
Kuroda dijo que el BOJ vigilaba de cerca la evolución del comercio de criptodivisas para asegurar que no mina la confianza pública en la seguridad de los sistemas actuales de pago supervisados por el banco central.
