“En un momento en que, para atender la contingencia de salud del Covid-19, hemos tenido que detener prácticamente todas las actividades del país, el reto económico autoinflingido se ha tornado en una crisis de dimensiones inimaginables. La entrada en vigor del T-MEC puede convertirse en una nueva etapa de certidumbre jurídica y reglas claras que apoyarán el crecimiento de nuestro país”, señaló el CCE en un comunicado.
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El sector empresarial considera necesario realizar reformas al marco jurídico vinculado al nuevo acuerdo comercial de Norteamérica: nueva ley de Propiedad Industrial, reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, al Código Penal sobre grabaciones no autorizadas y a la Ley Federal de Variedades Vegetales; así como la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas a la Ley Aduanera y a la Ley de Infraestructura de Calidad.
“Se trata de ordenamientos de gran relevancia para la actividad productiva”, refirió el CCE.
El nuevo acuerdo comercial regional entrará en vigor el próximo 1 de julio, luego de que México, Estados Unidos y Canadá concluyeran y anunciaran la implementación de los procesos internos para cumplir con los compromisos pactados.
El nuevo acuerdo comercial entrará en vigencia el 1 de julio, un mes más tarde de lo inicialmente propuesto.
“La crisis y la recuperación de la pandemia de Covid-19 demuestran que ahora, más que nunca, Estados Unidos debería esforzarse por aumentar la capacidad de fabricación y la inversión en América del Norte. La entrada en vigor de la T-MEC es un logro histórico en ese esfuerzo. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el USTR continuará trabajando para garantizar una implementación sin problemas del T-MEC para que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan disfrutar de los beneficios del nuevo acuerdo”, dijo recientemente el Departamento de Comercio de EU.