La respuesta del presidente de la República no se hizo esperar y calificó de “exageradas” e “incorrectas” las cifras de la ASF, e incluso, la noche del martes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acusó al organismo autónomo de cometer “errores básicos de contabilidad” en la evaluación de la terminal.
La ASF, a cargo de David Colmenares, admitió “inconsistencias” en la auditoría, sin embargo no especificó montos ni en cuánto estaría sobreestimada la valuación.
Del total de lo reportado por la ASF el fin de semana pasado, 163,540 mdp ya se pagaron mayormente en 2019 y pertenecen a gastos no recuperables, es decir el dinero que se destinó al avance de la construcción, a la terminación anticipada de contratos, la recompra de bonos (deuda) y la liquidación de certificados bursátiles Fibra E y costos legales.
El resto, 168,455 mdp, se estima de la revisión de la Cuenta Pública 2019 por obligaciones pendientes para la cancelación del aeropuerto: liquidación total de los bonos, contratos pendientes que liquidar, juicios y demandas en proceso.
“El efecto en las finanzas públicas es que vamos a seguir viendo erogaciones en la cuenta pública. La estimación que presentó la ASF, y que después indicó que puede tener un error metodológico, es una estimación que puede estar ciertamente sujeta a errores y variaciones, pero lo que en el fondo nos dice la ASF es que esto no sólo consistió en cerrar la cortina del negocio, sino que van a venir por muchos años litigios, bonos.”, dijo Francisco Varela, director de Instituciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Pérdida para la economía
El costo más importante es la oportunidad perdida, el potencial de crecimiento y la atracción de inversiones, cuenta el directivo del Imco, organismo que estimó la cancelación en 270,000 mdp a finales de 2018.
El primer costo de la cancelación es en materia económica, el aeropuerto se concibió como un polo económico que generaría empleos e infraestructura en una zona de pocos recursos. Adicionalmente, como no llegaron o se fueron empresas que generarían empleos en la zona se pierde también en recaudación de impuestos, explicó por su parte Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
El segundo costo es para las finanzas públicas, el dinero en el que todos contribuimos principalmente por el pago de impuestos, servicios y derechos.
“Es muy importante entender el esquema de financiamiento que se puso en marcha para la construcción de ese aeropuerto, ahí está lo complicado de este tema, y donde hay discusión”, comentó la especialista.
Descobijar el presupuesto
La construcción del NAIM se financió a partir de bonos en el mercado privado, no fue precisamente una inversión gubernamental. Esos contratos o bonos tenían una garantía de pago a través de recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) cuando el nuevo hub aeroportuario comenzara a operar. Los inversionistas pusieron el dinero para la obra a través de bonos, al cancelar el proyecto se tuvieron que pagar esos bonos, y estos se pagaron con recursos de la TUA del actual aeropuerto, como se previó en los contratos, detalló la especialista en finanzas públicas.
“No solo se usó el dinero de los inversionistas, tuvimos que pagárselos, se perdió la oportunidad de generar ese ingreso (…) si le quitamos su TUA al actual aeropuerto, porque se va a los inversionistas tendríamos que poner de los recursos presupuestarios para que el aeropuerto funcione”, dijo Mariana Campos.
El informe de la ASF detalla que en “2019, el Fideicomiso Privado 2172 realizó la reserva de recursos provenientes de la TUA, por 200.0 millones de dólares, para el pago del principal de los bonos MEXCAT restantes por 4,200 millones de pesos”.
¿Ya nos escuchas?
Incrementar la deuda
Además del pago de bonos, se estiman otros costos adicionales que pueden generarse en el futuro por la liquidación de contratos pendientes; juicios y demandas interpuestos, los cuales deberán ser absorbidos por los recursos que se destinan en el presupuesto público de cada año.
“Los costos de la cancelación se verán en el mediano plazo y a través de algún componente de la deuda pública que es por donde se tendría que pagar, son devoluciones de inversiones, te cuestan más caras de lo que invertiste, el pago de intereses hace que te aumente el costo año con año, pero básicamente es deuda, se ve el impacto, de manera agregada porque la desagregación de la deuda no es muy transparente”, explicó Alejandra Macías, jefa de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Explicó que estos compromisos se convierten en una presión para el presupuesto público, y en un factor que influye en la proporción de la deuda pública como proporción del PIB, y que incrementen los techos del endeudamiento que el congreso aprueba cada año, es decir, mayores necesidades de financiamiento.
“Yo esperaría los resultados de la revisión que dijo haría la ASF de este costo, pero ya hayan sido 100,000 o 300,000 mdp lo importante es que nos costó, los números se verán reflejados, y ojalá esto sirva para pedir más transparencia de cómo, y bajo qué rubros se va a pagar esto. No queda claro hasta cuándo pagaremos esta deuda, ya hay una buena parte del gasto que utilizamos para pagar intereses”, enfatizó la especialista del CIEP.
