Los ricos deben pagar más impuestos, pero ¿cómo lograr que lo hagan?

De aprobarse generaría cerca de 100,000 mdp al erario, que representarían 0.39% del PIB, de acuerdo con estimaciones de las organizaciones Oxfam y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd). Si se aplicara uno general de 2.5% a las fortunas de a partir de 20,000 mdp se recaudaría el equivalente al 0.23% del PIB.

El gravamen sería efectivo una sola vez, y los recursos se etiquetarían con el objeto de destinarse para brindar atención de pacientes con COVID-19, insumos médicos, mejoras en instalaciones hospitalarias, investigación médica, equipamiento de laboratorios, seguimiento en tiempo real a los casos. Y una parte a la recuperación de las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con la propuesta del morenista Ramírez Cuéllar.

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Especialistas consultados por Expansión en materia fiscal y finanzas públicas refieren que la iniciativa puede ayudar en el corto plazo, pero añaden que lo que realmente se necesita son acciones para incrementar la recaudación de recursos año tras año, o simplemente incentivar a los municipios y estados para que cobren los impuestos que ya existen para el patrimonio, como el predial y la tenencia. De acuerdo a estimaciones de México Evalúa, estos tienen un potencial de 2 puntos del PIB.

“En México ya hay impuestos al patrimonio, lo que vemos es un desánimo en las autoridades locales para cobrarlos, me refiero a la tenencia y al predial con un potencial que no van a lograr con un impuesto de única vez. Lo que se necesita es trabajar en cómo generar ingresos muchas veces, ayudar a reactivar la economía; hay desempleo y tenemos impuestos al empleo. Entonces, podríamos ver cómo aligerar esa carga y sustituir con aumento en IVA, en la tasa de ISR para personas físicas sobre todo de altos ingresos”, explicó Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Un nuevo sistema fiscal

El sistema fiscal en México demuestra que las autoridades locales no están haciéndose cargo del cobro de estos impuestos. En 2018, el cobro de la tenencia en los estados representó el 0.07% del PIB, y el predial el 0.2% del PIB. En los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio es de 1.1% del PIB. Otros datos de Latindadd refieren que el potencial del cobro del predial en México es del 0.62% del PIB de 2019.

Más que un impuesto de una sola vez, Alejandra Macías, coordinadora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), considera que se debe crear un nuevo sistema fiscal que mejore el gasto público y el pago de impuestos, incluyendo el de las personas con ingresos más altos.

“Es cierto que nuestra recaudación es muy baja, y en parte es porque quienes deberían contribuir más no lo hacen. Sabemos que las tasas efectivas para las personas con más ingresos (décil más alto) no son de 35%, siempre son más bajas, siempre hay mucha elusión, evasión fiscal, quienes no pagan sus impuestos completos son quienes estudian la ley para encontrar huecos”, detalló Macías.

De entre los países de América Latina, y después de Nicaragua y Honduras, México tiene la brecha de recaudación de impuestos entre potencial y lo real recaudado más alta, con 3.1% del PIB, refiere el estudio “Ahora o nunca: impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y El Caribe”, de Latindadd.

Economía

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Diferencias entre países ricos y pobres

Los impuestos a las fortunas se han aplicado en países como Francia, con un sistema fiscal ya bien implementado, o como Suiza, pero estos no llegan a tener gran aportación a las arcas públicas en comparación con los impuestos a la renta (ISR en México) y al consumo (IVA, IEPS), detalló Campos.

Por ejemplo, en Francia los impuestos a las herencias, sucesiones y donaciones generan el 0.61% del PIB; el 0.41% para Japón; y el 0.01% para Canadá o Polonia. El promedio de la OCDE es de 0.14% del PIB, el de países de América Latina y el Caribe es de 0.01%, refieren datos de Oxfam.

En Estados Unidos, la tasa máxima superior, que buscaba la justicia en el pago de impuestos de los más ricos, era del 7% en 1913, según la ley de ese año. Desde la Segunda Guerra Mundial, y durante la mayor parte de los años de posguerra, hasta 1964, las tasas se extendieron desde 20% en el primer tramo hasta un máximo extraordinario superior al 90% (entre 1944-45). El universo de contribuyentes pasó del 1% en 1913 al 5% en 1939 y al 73% en 1960.

En ocasiones este impuesto se aplica al patrimonio de las personas y las empresas. Entre ellas destacan los bienes de uso y maquinarias productivas, activos financieros públicos e inmuebles afectados a la producción. En Uruguay es sobre las sociedades, debido a la falta de transparencia de las riquezas de las personas por las estructuras jurídicas opacas, el desconocimiento del beneficiario final y los regímenes de baja o nula tributación.

¿Difícil implementación?

“Estos problemas de impuestos a la riqueza son problemas de economías más avanzadas, que ya tienen sus problemas de recaudación bien resueltos. Son impuestos difíciles de implementar. Entre una de las razones está la política, porque muchas personas lo toman como una expropiación”, comenta Francisco Varela, director de Instituciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

De acuerdo con Latindadd, una asociación que propuso estos impuestos a la riqueza en diciembre pasado con el fin de pagar las vacunas contra COVID-19 en la región, para su aplicación se necesitan decisiones políticas férreas de los gobiernos centrales e inversión tecnológica en las administraciones tributarias y los organismos de control de los países de la región.

Por su parte, Mariana Campos explica que parte de la dificultad para su aplicación radica en que muchas veces el patrimonio no es liquido, “imagina que te heredan una casa con un valor de 20 mdp, pero tú ganas 20,000 pesos al mes, ¿de dónde vas a sacar 800,000 pesos, si te aplicaran un impuesto de 4%?”.

En tanto, países como Chile, Perú y Bolivia ya trabajan en sus congresos para gravar a las grandes fortunas personales, con el objetivo de destinar los recursos a la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19.