¿Qué sigue?
Una vez que la AFL-CIO interpuso la queja, el balón está del lado del gobierno estadounidense, que tendrá 30 días naturales para investigar el caso y determinar si la queja procede o no.
Después de ese periodo, si la queja procede, el gobierno de Estados Unidos presentará la solicitud formal de revisión y “viene un proceso de investigación en México que son 45 días y envía las conclusiones la Secretaría de Economía”, explicó Óscar de la Vega.
La Secretaría de Economía comentó que fijará una postura hasta que reciba una notificación oficial. Expansión trató de contactar a Tridonex, a la AFL-CIO y a la abogada Susana Prieto, representante de un grupo de trabajadores de la empresa de Matamoros, sin haber obtenido una respuesta inmediata.
Si se activa el mecanismo de acción rápida, “si el panel dice que México está incumpliendo sus obligaciones, lo que se quiere es que se arregle. No se pretende que el país vaya, de manera sostenida, a mantener las violaciones”, aseguró Juan Carlos Baker.
En caso de que haya una sanción en contra de Tridonex, precisó Baker, estas irían de menos a más. “Lo primero que se puede hacer es suspender el tratamiento preferencial de los productos que la compañía haga y tienes que pagar aranceles y así sucesivamente hasta que, en un caso de reincidencia, ya podrían prohibir que los productos vayan a Estados Unidos”.
¿Habrá una cascada de quejas laborales?
Katherine Tai recientemente ratificada como titular del a Representación Comercial de Estados Unidos (USRT, por sus siglas en inglés) y quien estuvo involucrada en la negociación del T-MEC, será la encargada de liderar las negociaciones por su país.
Óscar de la Vega dijo que además de la queja en Matamoros hay una más en contra de la planta de General Motors en Silao por parte de la United Auto Workers (UAW).
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) decidió la noche del martes reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT) de la planta General Motors en Silao.
El nuevo procedimiento deberá garantizar seguridad y accesibilidad a los trabajadores, certeza de que la votación se hará de manera segura, libre, secreta y directa sin coacción ni intimidación, para lo que la autoridad garantizará el cumplimiento de. Un padrón confiable, difusión de la convocatoria, espacios accesibles y seguros, reforzamiento de los mecanismos de observación y vigilancia electora y, por último, la no intromisión de la empresa, el sindicato o gente ajena a la consulta, detalló la secretaría en un comunicado.
Para Óscar de la Vega, socio director del despacho especializado en temas laborales de la Vega y Martínez Rojas, entre los retos para el sindicalismo está en volverse atractivo para las nuevas generaciones.
“Lo que veo es que va a haber una creación de sindicatos independientes, autónomos. El tema está en cuándo y cómo se van a conectar los sindicatos con la base trabajadora”, dijo.
Tanto en los transitorios de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como el T-MEC establecen un término de cuatro años (1 de mayo de 2023) para que se ratifiquen, por lo menos una vez, los contratos colectivos de trabajo a través el voto libre, secreto y directo (50% más 1). “si no pasa ese filtro se da por terminado ese contrato”, señaló.
