“Entre las primeras narrativas del gobierno federal sobre el uso de recursos públicos estuvo la eliminación de fideicomisos. Se acusaba de que eran nocivos, que justificaban actos de corrupción, desvío de recursos y que habría que cerrarlos sin ninguna evaluación o análisis que sustentara la eliminación”, cuenta Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
El 2 de abril de 2020, la Presidencia publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, fundamentado en la política de “austeridad republicana” de la actual administración, y que en agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió reforzar al pasar a una fase superior: la “pobreza franciscana”.
El decreto se enfoca en la eliminación de fideicomisos sin estructura creados para proyectos específicos y de corto alcance, y no se necesitan reformas a leyes para eliminarlos. Después, el 6 de noviembre de 2020, el Congreso emitió un segundo decreto para reforzar la extinción, pues establece la eliminación de 109 fideicomisos, mandatos y análogos que figuran en leyes o decretos, de acuerdo a un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Ambos decretos establecen que los recursos obtenidos por la extinción deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), mientras que el discurso del presidente era que estos se utilizarían para los mismos fines que atendían instrumentos como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo Metropolitano, además de fondos del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, para la investigación y educación, para el cambio climático, deporte o protección de los derechos humanos.
El avance
En 2020 había 329 fideicomisos en operación, de los que 120 ya fueron extinguidos. “De todos los fideicomisos [que pudieron regresar sus recursos], se reintegraron 131,000 millones de pesos. De estos recursos, en primera instancia teníamos al Fonden, el cual reintegró fondos que fueron destinados a la atención de desastres naturales, así como a solventar los pasivos que tenía el mismo fideicomiso”, señala Víctor Mojica Vilchis, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.
“El resto de los recursos nos sirvieron para afrontar la crisis pandémica y la situación económica que tuvimos los años pasados. Se recibieron recursos para la compra de vacunas, microcréditos familiares, obras de vivienda, programas de mejoramiento urbano, proyectos de inversión, que fue lo más relevante”, agrega.
Campos advierte que los recursos por fideicomisos extintos entran a la Tesorería por aprovechamientos, pero no hay un marco en materia de transparencia y rendición de cuentas que permita saberqué se financió con esos recursos ni reportes especiales o seguimiento a la población afectada por la extinción de estos instrumentos.
“En términos de política pública, estamos hablando de relocalizar una cantidad importante de recursos sin autorización del Congreso. Además, de manera discrecional y con poca transparencia se están yendo a proyectos, a ‘caprichos’ de los que se desconocen sus impactos, desempeño financiero, beneficios para la población”, explica Miguel Tovar, socio de Alterpraxis y politólogo de El Colegio de México.
Cifras de Hacienda detallan que, previo a los recortes, en el segundo trimestre de 2019, el total de los fideicomisos activos sumaban 901,753 millones de pesos; en junio de 2022, la cifra era de 468,332 millones.
Sobrevivientes
La baja de los recursos en fideicomisos rumbo al Paquete Económico 2023 también obedece a la transferencia y al uso de recursos de dos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios, el federal–conocido como FEIP– y el de las Entidades Federativas, FEIEF, los cuales ahora están en niveles mínimos históricos.
Los ahorros en estos fideicomisos se generan cuando se reportan ingresos públicos excedentes frente a lo programado, por lo que estos se alimentaron en los años de bonanza petrolera.
En 2019 y 2020 fueron activados ante la falta de ingresos públicos frente a lo programado. En 2018 había más de 400,000 millones de pesos en ambos fondos, al cierre de junio de 2022, hay menos de 46,000 millones, detallan cifras de Hacienda.
En los dos primeros años del actual gobierno se agotó 97% de los recursos del FEIP, el Paquete Económico incluye una iniciativa de reforma a la ley de Presupuesto, para ampliar los ingresos de este fondo si se generan ahorros en el costo financiero de la deuda. "Pero las propuestas del Ejecutivo no tienen certidumbre, y quedará a discreción de Hacienda cuándo y cuánto destinará estas aportaciones y ahorros", refiere un análisis de México Evalúa al Paquete Económico 2023.
El descenso en los fondos representa un menor campo de acción para el diseño de la Ley de Ingresos, pues en lugar de buscar deuda en 2020 y aplicar una reforma fiscal para solventarla, se llegará al próximo año con menores ahorros y mayor dependencia de la liquidez del sector público para atender las necesidades que atendían los fideicomisos; además de la falta de recursos para la inversión física pública, coinciden los especialistas.
“Vemos una mayor razón de gasto público corriente sobre inversión física, tampoco hay de dónde echar mano, ya que los fondos de estabilización prácticamente se los acabaron, por lo que ante un escenario extraordinario de una recesión en Estados Unidos, y que impongan aranceles, no hay de dónde. Y ahí es donde pueden venir recortes a la calificación crediticia de México”, advierte Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.
