La tendencia global por integrar procesos en la fabricación de productos más amigables con el medioambiente y la promulgación de la Ley General de Economía Circular en 2021 han llevado a algunos estados a crear e implementar impuestos verdes a partir de este año, mientras que a nivel federal estos se mantienen en rezago y se incentiva el uso de combustibles fósiles.
Impuestos verdes: qué son y qué está haciendo México
Su implementación avanza en algunos estados, mientras que a nivel federal se vive un rezago que dificulta la transición hacia insumos y procesos más amigables con el ambiente.
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Los impuestos verdes o ambientales son cobros que hace el Estado a empresas y consumidores por los efectos que generan en el medioambiente, tras producir o utilizar algún bien de consumo o servicio, y que tienen el objetivo de evitar el uso excesivo de los recursos naturales.
Baja California, Campeche, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas se convirtieron en 2022 en los estados pioneros en aplicar impuestos verdes en el país. La Ciudad de México es la única si hablamos de estímulos fiscales ambientales, un instrumento que busca premiar –con créditos fiscales, deducciones rápidas o descuentos a impuestos, como el ISR– el uso de tecnologías para el ahorro de energía o agua, la utilización de materiales reciclados, la producción y/o el uso de energías renovables o la construcción de edificios energéticamente sustentables, azoteas verdes y sistemas de recolección pluvial, entre otros.
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Igual que pasa en el país, a nivel global, hay diferencias en los avances. Estados Unidos es muy efectivo en dar incentivos a las empresas con inversiones en materia ASG (ambiental, social y de gobernanza o ESG, por sus siglas en inglés), mientras que en América Latina, Colombia y Perú apenas han iniciado las discusiones para integrar a las legislaciones impuestos al consumo y por emisiones de CO2. “Todavía no hay nada formal”, dice Fernando Escamilla, socio de Business Tax Advisory de EY México.
Cuáles son los frenos
Si bien es pronto para tener una cuantificación de la recaudación o de los efectos aminorados por los impuestos verdes, el diseño y su aplicación en 11 de los 32 estados es un avance que incentiva a más entidades, aunque falta integrar legislaciones federales y estatales en un mismo instrumento, explica el especialista.
Por ello, es importante que las empresas hagan un análisis detallado de su cadena de suministro, que revisen qué tipo de actividades tienen declaradas, sus recursos, los inventarios y proveedores en su Licencia Ambiental Única, que es federal y estatal. “Si esos registros están actualizados, será mucho más fácil que puedan acceder a las leyes locales y entender a qué impuestos están sujetos”, además, se pueden establecer métricas para su cobro y dimensionar la recaudación, detalla Escamilla.
Las diferentes legislaciones también representan frenos para su aplicación. Ricardo Cantú, director adjunto de Operaciones y Fortalecimiento Institucional del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señala que “falta una coordinación a nivel nacional”, pues hay instrumentos que se contradicen.
Por ejemplo, mientras que la Ley General de Economía Circular abrió el camino para la aplicación de impuestos verdes a nivel estatal, la de Ingresos sobre Hidrocarburos estipula que las entidades productoras de hidrocarburos no aplicarán ni mantendrán gravámenes locales o municipales enfocados a la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico, o la protección y control del ambiente, que incidan sobre las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, refiere Cantú.
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Esta condición es para que los estados tengan acceso a los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, que provienen de los impuestos federales por estas actividades y que redistribuye el gobierno.
En Tamaulipas, por ejemplo, un estado productor, ya hubo problemas legales, pues se implementó el derecho por la emisión de gases a la atmósfera, que realmente funciona como un ‘impuesto’, explica el investigador del CIEP. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, un derecho es una contribución por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, o por percibir servicios que presta el Estado. “Varias empresas se ampararon porque están violando otro tipo de lineamiento existente”, explica.
No obstante, Alil Álvarez, socia fundadora del despacho en derecho fiscal Álvarez Alcalá, considera que todo es un avance. “Ya ha habido controversias en tribunales por la implementación de estos impuestos, peor es nada. Los tribunales mejoran los impuestos, son un filtro para que tengamos mejores leyes”.
Rezagos
Mientras tanto, los impuestos ambientales federales están rezagados y los que hay no están pensados realmente para aportar a la transición energética. Es el caso del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se cobra a los combustibles y por emisión de CO2. Para las gasolinas y el diésel, es una cuota para desincentivar su consumo, pero funciona al revés con el subsidio que le otorga el gobierno con el objetivo de contener la inflación, destaca Cantú.
El IEPS que se aplica por emisión de carbono es para todos los combustibles fósiles (adicional a las gasolinas y el diésel, la turbosina, el coque de petróleo o el carbón mineral, por ejemplo), cada uno tiene su cuota en proporción a sus emisiones de CO2. Recauda muy poco porque no cubre el total de las emisiones y el impuesto por tonelada es bajo. “No hemos recaudado más del 0.1% del PIB desde que se creó en 2014, seguimos incentivando el uso de combustibles fósiles”, agrega Cantú.
En materia de ISR, hay depreciaciones aceleradas para inversiones de equipos y maquinaria que generen ahorros de energía o tengan fuente sustentable, y los autos eléctricos tienen preferencia para la deducción del ISAN. Estas son condiciones favorables, pero que ya necesitan actualizaciones, dicen los especialistas consultados.
“Ya hay estudiosos que refieren que hay que depender más de los impuestos ambientales que de la renta. Joe Biden (el presidente de EU), por ejemplo, es un convencido de la cuestión ambiental, empujar que las cadenas de producción que llegan a EU cumplan con reglas ambientales. Si esta política tiene éxito y no se respetan las normas ambientales aceptables en los países donde se produzcan bienes, habrá que pagar impuestos para entrar a EU. Y México, su principal socio comercial, no querrá eso”, dice Álvarez.
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