El debate
Uno de los puntos en contra de esta iniciativa, más allá de la necesidad de que los trabajadores tengan mejores pensiones una vez que se retiren, tiene que ver con los argumentos políticos.
El discurso de los políticos no hace más que confundir y engañar a la población, principalmente a los adultos de 70 años y más, quienes tienen la incertidumbre sobre qué va a pasar con su dinero, comentó en entrevista Carlos Matute, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP) y autor del libro Las crisis de la seguridad social no superadas.
De parte de Morena, “es un engaño decir que con 40,000 millones de pesos (mdp) van a pagar pensiones de 100% del salario base de cotización. Es un verdadero engaño social”. Por su parte, el PAN “confunde” al decir que la gente perderá su dinero. “No es un problema técnico, es de comunicación social”, añadió.
Lo aprobado por los diputados señala que no se tocarán las cuentas de los trabajadores de 70 años o más que tengan una relación laboral activa, solo pasarán al fondo las cuentas de los jubilados que no hayan reclamado.
Otros ‘peros’
Además del manejo de información que se hace en temporada electoral, analistas ven otros aspectos cuestionables de esta iniciativa.
Uno de los señalamientos que hace Matute tiene que ver con que el gobierno solo ha puesto sobre la mesa esta solución para el retiro de los trabajadores de 45 años y mayores. "Según cifras del gobierno, esta reforma beneficiará a un millón de personas", señaló.
Los menores de 45 años quedaron fuera en esta ocasión, lamentó.
Una de esas preguntas se relaciona con el financiamiento del fondo de pensión del bienestar, así como señalamientos de que los recursos de los que habla el gobierno no serán suficientes para lograr pensiones de 100%.
El dictamen señala que solo se usará el dinero de las pensiones no reclamadas -40,000 mdp- de trabajadores de 70 años (IMSS) y 75 años (ISSSTE), las ganancias de las empresas del Estado, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, así como con los recursos de Financiera nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y de lo que se obtenga del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
“Los recursos del Indep no se sabe cuánto es, o si se van a vender esos bienes y si habrá una utilidad; sobre las utilidades de las empresas del Estado tampoco es seguro porque las empresas del Estado están perdiendo”, señaló Virgina Ríos Hernández, integrante de la comisión técnica de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Asimismo, añadió, todavía no se ha aprobado la reforma de pensiones que propuso el presidente el 5 de febrero. “Es inaudito que se cree un fondo de pensiones sin que esté aprobada dicha reforma. Posiblemente pretendan también aprobar la reforma a las pensiones en estos días que faltan para el 30 de abril”.
El usar las pensiones no reclamadas por trabajadores o sus beneficiarios deja un precedente que Ríos Hernández calificó como “preocupante”, ya que “podría ser que después digan que el dinero de todas las Afores las van a mandar a ese fondo de pensiones”.
La semana pasada, una de las preocupaciones tenía que ver con la posibilidad de que se tomara el dinero de cuentas de trabajadores activos. El dictamen aprobado señala que eso no sucederá. El fondo de pensiones de bienestar se conformará con los montos no reclamados.