En la canasta alimentaria que Inegi usa para calcular las líneas de pobreza extrema por ingresos, la tortilla de maíz representa 153.82 pesos mensuales por persona en el ámbito rural, equivalente a casi 7.9% del valor total de esa canasta, y 99.30 pesos en el urbano, alrededor de 3.9%.
Además, el consumo de referencia es de 220.8 gramos diarios por persona en zonas rurales y de 139.9 gramos en urbanas, lo que muestra por qué cualquier alza en su precio pega con más fuerza en los hogares de menores ingresos.
No todo se trata de insumos básicos
El principal insumo industrial, la harina de maíz, no se ha encarecido al menos en el último año. El costal de 10 kilos de Maseca pasó de 190.28 pesos en promedio durante todo 2025 a 188.64 pesos en los primeros tres meses de 2026. Sin embargo, el precio final al consumidor ha seguido otra lógica.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el kilo de tortilla pasó de 13.18 pesos en 2022 a 14.52 pesos en 2026 en promedio nacional, aunque en la práctica ya se vende entre 20 y 25 pesos dependiendo de la zona.
La aparente contradicción se explica —según los productores— por una estructura de costos más compleja de lo que sugieren los insumos básicos. Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, ha defendido el incremento al señalar que el precio lleva años sin moverse pese a presiones acumuladas. “Nosotros sí lo vamos a incrementar… tenemos tres años en los que no se ha movido el precio de la tortilla”, afirmó.
Esa presión no viene solo del maíz, sino de factores que van desde costos logísticos, crisis del sector molinero, hasta temas de seguridad y extorsión.
Fernando Cruz, socio director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, plantea que el error del debate público es reducir la tortilla a su materia prima. El grano, explica, representa apenas una tercera parte del costo total. “El maíz representa entre 33% y 35% de los costos… sí ha bajado, pero lo que no se está viendo son los incrementos en salarios, energéticos, rentas y logística”.
Explica que las tortillerías no operan como grandes empresas capaces de absorber choques temporales, sino que son micronegocios que trasladan casi de inmediato cualquier presión. Actualmente, los precios de los energéticos, como la gasolina, el gas o la electricidad pueden implicar presiones adicionales. Además, Cruz explica que los incrementos al salario mínimo también están afectando los costos de este tipo de microempresas. “Las tortillerías viven al día… cualquier movimiento en los costos se refleja muy rápido en el precio final”, añade.
Hasta ahora, el argumento de costos se ha centrado en insumos visibles como el maíz o el gas, pero hay un factor menos evidente que empieza a explicar por qué el precio no baja aunque algunos componentes lo hagan y es la forma en que se produce y distribuye la masa.
Fernando Cruz advierte que no todas las tortillerías elaboran su propia masa; una parte importante depende de molinos que la procesan y la distribuyen diariamente. El problema es que esa red no crece al mismo ritmo que el número de negocios. “Tienes alrededor de 110,000 tortillerías en el país, pero muchos menos molinos que abastecen la masa. Esa desproporción encarece la distribución”, explica.
