El 19 de mayo, la Casa Blanca publicó una orden ejecutiva titulada Restoring Integrity to America's Financial System que, bajo el argumento de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al narcotráfico, redefine la manera en que el sistema financiero estadounidense debe tratar a la población migrante sin autorización laboral.
El documento instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, una alerta formal a todas las instituciones financieras sobre los riesgos de operar con población sin autorización de trabajo. La lista de "señales de alerta" que deberán vigilar los bancos incluye transferencias transfronterizas de bajo monto (el mecanismo por el que opera la inmensa mayoría de las remesas), el uso de plataformas peer-to-peer y procesadores de pago de terceros, y patrones de depósitos o retiros en efectivo que coincidan con ciclos de nómina fuera del sistema formal.
Pero hay dos elementos que impactan directamente a la comunidad mexicana en Estados Unidos de forma inédita.