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Remesas en riesgo con la nueva orden ejecutiva de Trump que limita los ITIN y otros documentos oficiales

La nueva orden ejecutiva instruye a bancos y reguladores a tratar como "señal de riesgo" los documentos con los que millones de migrantes mexicanos operan en el sistema financiero de Estados Unidos.
caida remesas 2025
Las remesas tuvieron una caída de 4.6% en 2025. (CLAUDIO CRUZ/AFP)

El 19 de mayo, la Casa Blanca publicó una orden ejecutiva titulada Restoring Integrity to America's Financial System que, bajo el argumento de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al narcotráfico, redefine la manera en que el sistema financiero estadounidense debe tratar a la población migrante sin autorización laboral.

El documento instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, una alerta formal a todas las instituciones financieras sobre los riesgos de operar con población sin autorización de trabajo. La lista de "señales de alerta" que deberán vigilar los bancos incluye transferencias transfronterizas de bajo monto (el mecanismo por el que opera la inmensa mayoría de las remesas), el uso de plataformas peer-to-peer y procesadores de pago de terceros, y patrones de depósitos o retiros en efectivo que coincidan con ciclos de nómina fuera del sistema formal.

Pero hay dos elementos que impactan directamente a la comunidad mexicana en Estados Unidos de forma inédita.

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El ITIN como señal de riesgo

El primero es la instrucción de tratar el uso de un ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) para abrir cuentas bancarias u obtener crédito como un factor que requiere "diligencia debida reforzada" cuando el solicitante carece de estatus migratorio verificado. En la práctica, esto convierte un número fiscal (diseñado originalmente para que los migrantes cumplieran con sus obligaciones tributarias) en una potencial bandera roja para el sistema bancario.

Según cálculos del American Inmigration Council, se estima que alrededor de 5 millones de personas en Estados Unidos tienen un ITIN activo. En 2022, las declaraciones fiscales que incluyeron un ITIN reportaron un ingreso gravable combinado de aproximadamente 14,400 millones de dólares y contribuyeron con unos 6,500 millones en impuestos al Seguro Social y Medicare, según datos del IRS (programas de los que, paradójicamente, los titulares de ITIN no pueden beneficiarse).

El ITIN ha sido, hasta ahora, la llave para que millones de migrantes participen en el sistema financiero formal: abrir cuentas bancarias, acceder a crédito hipotecario, financiar un auto. Si los bancos comienzan a tratarlo como indicador de riesgo, una parte significativa de esa población podría ser empujada de vuelta hacia la informalidad financiera.

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La matrícula consular

El segundo elemento que impacta a la comunidad mexicana es la instrucción al Tesoro y a los reguladores financieros para evaluar los riesgos que representan las "tarjetas de identificación consular extranjeras" para la integridad del sistema, esto afectaría a la matrícula consular mexicana.

Este documento, emitido por los consulados de México, es aceptado actualmente como identificación válida por varias instituciones bancarias en Estados Unidos, incluyendo cadenas como U.S. Bank , que lo acepta como identificación principal en todas sus sucursales. En estados como California, Illinois, Nueva York y Washington, la matrícula tiene amplia aceptación por parte de autoridades locales y entidades financieras.

Si la regulación derivada de esta orden ejecutiva termina clasificando la matrícula consular como un documento de riesgo para el cumplimiento antilavado, el efecto sería doble: cerraría una puerta de acceso al sistema bancario para millones de mexicanos en Estados Unidos, y representaría un golpe diplomático directo al sistema consular mexicano, que ha invertido años en modernizar y fortalecer la seguridad de este documento, incluyendo la incorporación de un chip electrónico y un convenio con el Banco de México para su validación en tiempo real.

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Deportación como riesgo de impago

La orden también instruye al Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a considerar que la deportación potencial y la pérdida de ingresos son factores que podrían afectar la capacidad de pago de un prestatario sin autorización laboral. En otras palabras, los bancos podrían y según la orden, deberían, incorporar el estatus migratorio como variable en sus modelos de riesgo crediticio.

Esto tiene implicaciones que van más allá de lo individual. Si la banca estadounidense comienza a restringir el acceso al crédito para esta población, el efecto se sentiría en sectores como la construcción y los servicios, donde la fuerza laboral migrante mexicana tiene una presencia significativa. El 31% de los hombres migrantes mexicanos en Estados Unidos trabajan en el sector de la construcción, de acuerdo con datos de BBVA Research .

Millones de dólares en juego

Entre enero y marzo de 2026, el país recibió 14,456 millones de dólares , según el Banco de México. Solo en marzo se recibieron 5,394 millones de dólares, un crecimiento anual de 4.9%.

La orden ejecutiva no prohíbe las remesas, pero al endurecer los requisitos de identificación del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y al señalar las transferencias de bajo monto como potenciales vehículos de actividad ilícita, crea un entorno regulatorio que podría encarecer, dificultar o ralentizar el envío de dinero. El 99% de las remesas que llegan a México se realizan por transferencia electrónica, un canal que ahora queda bajo escrutinio reforzado.

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