Además del Mundial, México enfrenta una prueba laboral clave en el T-MEC

A seis años de que México emprendió la transformación más profunda de su sistema de trabajo en más de un siglo, el país llega a la revisión del T-MEC 2026 con una combinación de logros y desafíos que pondrán a prueba la viabilidad de la reforma laboral impulsada como parte del tratado.

Los especialistas del Inter-American Dialogue y Grupo Estrategia Política, autores del informe USMCA Labor Commitments: Executive Report and 2026 Review Outlook, coinciden en que México logró cambios institucionales sin precedentes, pero advierten que la sostenibilidad de esos avances enfrenta crecientes tensiones.

La dimensión del cambio ayuda a entender por qué el tema laboral se convirtió en uno de los ejes centrales del T-MEC.

De acuerdo con los académicos Graciela Bensusán y Mark Anner, las disposiciones laborales fueron decisivas para que el tratado obtuviera respaldo bipartidista en Estados Unidos. La inclusión de los derechos laborales dentro del texto principal del acuerdo, y no como un anexo paralelo como ocurría con el TLCAN, respondió a la presión de sindicatos y legisladores estadounidenses que buscaban frenar lo que denominaron "dumping social": competir mediante salarios bajos y menores estándares laborales.

Durante el TLCAN, la amenaza de trasladar operaciones a México debilitó el poder de negociación de trabajadores estadounidenses y contribuyó a la pérdida de más de 700,000 empleos manufactureros en Estados Unidos. Por ello, elevar los estándares laborales en México se convirtió en una prioridad política para Washington.

La reforma laboral más grande

La investigadora Joyce Sadka describe la reforma laboral mexicana de 2017-2019 como la transformación más profunda en más de un siglo. El cambio implicó desmontar buena parte de la estructura corporativa que dominó las relaciones laborales durante décadas y construir nuevas instituciones para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica.

Entre las principales modificaciones estuvieron la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el traslado de los conflictos laborales a tribunales especializados del Poder Judicial y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), organismo encargado de supervisar la vida sindical, los contratos colectivos y los procesos de votación de los trabajadores.

El gobierno dividió el proceso en tres etapas y logró cumplir prácticamente todos los plazos previstos, incluso en medio de la pandemia de Covid-19, que provocó una contracción de 8% del PIB mexicano en 2020.

Estados Unidos destinó 180 millones de dólares en asistencia técnica para apoyar la implementación del capítulo laboral del T-MEC. Esos recursos permitieron desarrollar plataformas digitales para registrar sindicatos y contratos colectivos, además de fortalecer el Sistema Nacional de Conciliación Laboral (Sinacol).

El Sinacol es utilizado por más de 90% de los centros de conciliación federales y estatales y ya ha procesado más de 3.5 millones de solicitudes de conciliación, de acuerdo con el informe.

Detrás de estos cambios está uno de los objetivos centrales del tratado: asegurar que los trabajadores mexicanos tengan mayor capacidad para elegir a sus representantes sindicales y participar en negociaciones colectivas reales, algo que durante décadas fue cuestionado por sindicatos y legisladores estadounidenses.

Más de 40 casos bajo revisión

La herramienta más visible del nuevo esquema laboral es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM), creado para atender casos específicos de violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Las especialistas Carol Pier y Nadia González Elizondo destacan que el mecanismo representa una de las innovaciones más relevantes del T-MEC porque permite investigar y sancionar con rapidez a empresas señaladas por negar derechos laborales.

Hasta ahora se han presentado más de 40 casos contra empresas establecidas en México, lo que refleja el nivel de escrutinio al que está sujeto el país en materia laboral. Una parte importante de los recursos estadounidenses para asistencia técnica se destinó precisamente a fortalecer la capacidad institucional mexicana para cumplir con estos compromisos.

Los recursos financiaron proyectos de capacitación, fortalecimiento institucional y apoyo a la democratización sindical. También ayudaron a consolidar el funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros de conciliación y los nuevos tribunales laborales.

Sin embargo, el panorama cambió en 2025. La administración de Donald Trump canceló los programas de asistencia laboral vinculados al T-MEC, lo que redujo significativamente el apoyo destinado a las instituciones mexicanas responsables de implementar la reforma.

Para las especialistas, esta decisión dejó un vacío importante en momentos en que México todavía enfrenta retos para consolidar la infraestructura institucional necesaria para hacer cumplir los nuevos estándares laborales.

El informe también observa una reducción en la prioridad política otorgada a la reforma laboral y alerta sobre la necesidad de fortalecer la capacitación de nuevos jueces laborales y preservar la autonomía de las instituciones creadas durante los últimos años.

A medida que avanzan los casos laborales, el ambiente también se ha vuelto más complejo. Los primeros conflictos atendidos mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se resolvían principalmente mediante cooperación entre ambos gobiernos, pero ahora es más frecuente que los casos lleguen a paneles internacionales, los cuales suelen emitir resoluciones desfavorables para México.

Incluso han surgido situaciones más delicadas. El informe menciona el caso de la mina Camino Rojo, donde un panel verificó la participación de grupos del crimen organizado para inhibir el ejercicio de derechos de negociación colectiva.

A esto se suma otro desafío: la necesidad de ampliar la capacidad de inspección laboral. El informe sostiene que México requiere más inspectores, mejor coordinación institucional y mayores capacidades para supervisar el cumplimiento de la legislación laboral en todo el país.

Trabajo forzoso

La revisión del T-MEC también abre otro capítulo sensible para México, pues el país mantiene rezagos importantes en el combate al trabajo forzoso, una de las prioridades crecientes de Washington.

Aunque México creó un mecanismo para restringir importaciones vinculadas con trabajo forzoso, hasta ahora no ha bloqueado ningún producto y rechazó la única petición conocida presentada bajo ese esquema.

Las cifras de inspección también reflejan los desafíos pendientes, ya que entre julio de 2022 y junio de 2025 se realizaron 142,951 inspecciones laborales, pero el país cuenta con poco más de 660 inspectores federales para una fuerza laboral superior a 59 millones de personas.

El informe identifica focos de riesgo en actividades agrícolas, particularmente en la producción de chile, jitomate y otros cultivos intensivos en mano de obra.

Con todos estos compromisos laborales sobre la mesa, el reto para México es demostrar que puede cumplirlos y hacerlos valer de manera permanente.