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Trabajo forzoso y migración laboral elevan riesgo comercial del agro en T-MEC

Escasez de jornaleros y nuevas exigencias de cumplimiento laboral podrían limitar exportaciones agroalimentarias en América del Norte.
Jornaleros migrantes t mec
La transparencia en el reclutamiento de jornaleros podría convertirse en un factor de competitividad para las exportaciones agroalimentarias. (John Moore/Getty Images)

México llega a la revisión del T-MEC con un nuevo reto para su sector agroalimentario. Ya no basta con producir alimentos competitivos o cumplir estándares sanitarios. Las empresas también enfrentarán una presión creciente para demostrar que los jornaleros que sostienen sus exportaciones fueron reclutados sin fraude, coerción o prácticas asociadas al trabajo forzoso.

En el primer trimestre de 2026, 5.2 millones de personas trabajaban en la informalidad dentro del sector agropecuario, de acuerdo con el Inegi. A ello se suma una creciente escasez de mano de obra en el campo mexicano, impulsada, entre otros factores, por la migración temporal hacia Estados Unidos mediante el programa H-2A.

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El Departamento del Trabajo de Estados Unidos recuerda que el T-MEC obliga a los tres países no solo a hacer cumplir su legislación contra el trabajo forzoso, sino también a impedir la importación de mercancías producidas total o parcialmente bajo esas condiciones. En otras palabras, el cumplimiento laboral comienza a convertirse también en un requisito para competir en América del Norte.

"El trabajo digno empieza antes de llegar al campo", resume Axel García, director de CIERTO México, una de las organizaciones que integran PERIPLO, una iniciativa impulsada por Fundación Avina que reúne a organizaciones civiles, empresas y autoridades para promover procesos de reclutamiento ético de trabajadores agrícolas.

García explica que CIERTO nació hace más de una década después de documentar que miles de trabajadores agrícolas migraban mediante procesos plagados de fraude, cobros indebidos, engaños y otras prácticas que podían derivar en trabajo forzoso.

"Pasamos de presentar denuncias a demostrar que era posible hacer las cosas conforme a la ley y a los principios internacionales", afirma.

La organización comenzó en 2017 acompañando a 80 personas trabajadoras. Hoy atiende a cerca de 3,000 jornaleros en corredores de movilidad entre México, Guatemala, Estados Unidos e incluso España.

El modelo busca eliminar uno de los principales factores de riesgo identificados por la Organización Internacional del Trabajo: que el trabajador asuma el costo de conseguir un empleo.

Bajo el esquema de la organización, el empleador cubre los gastos de reclutamiento, transporte y trámites migratorios, mientras el trabajador conoce desde su comunidad de origen el salario, las condiciones laborales, el alojamiento y la duración del contrato. Esa transparencia reduce riesgos de fraude, trata de personas y trabajo forzoso.

"La familia sabe dónde estará el trabajador; las autoridades saben quién sale, quién recibe a la persona y cuánto tiempo permanecerá en el lugar de destino", explica.

García puso como ejemplo el programa piloto 'Una cosecha, tres países', enfocado en la migración laboral circular en el que trabajadores guatemaltecos laboraron primero en campos mexicanos, posteriormente en Estados Unidos y finalmente regresaron a sus comunidades o nuevamente a México para otra temporada agrícola. lo cual evidencia la escasez de mano de obra en el sector y de la necesidad de estandarizar, entre los tres países, medidas para asegurar la asignación eficiente de trabajadores capacitados.

El campo mexicano ya enfrenta escasez de trabajadores (...) Una migración regular y bien organizada puede complementar tanto las necesidades de México como las de Estados Unidos
Axel García, director de CIERTO México

En Estados Unidos, el American Farm Bureau Federation reportó que el programa H-2A alcanzó en 2025 un récord de 398,258 posiciones certificadas, reflejo de la falta persistente de trabajadores nacionales para las labores del campo. En Canadá, el Canadian Agricultural Human Resource Council estima que la brecha doméstica de trabajadores agrícolas crecerá de 87,700 personas en 2023 a 101,100 en 2030 durante la temporada alta.

En México, el Consejo Nacional Agropecuario ha advertido que el campo enfrenta una de sus mayores faltas de mano de obra en décadas y ha propuesto cubrir parte de esa demanda mediante esquemas de visas laborales para trabajadores de países vecinos.

En este contexto, el programa H-2A de Estados Unidos sigue expande para cubrir la falta de trabajadores agrícolas. La mayoría de esos permisos beneficia a ciudadanos mexicanos, lo que incrementa la presión sobre el mercado laboral rural mexicano.

Sin embargo, García considera que México todavía enfrenta obstáculos regulatorios para construir un esquema regional de migración temporal. La Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo permite contratar legalmente trabajadores provenientes de Guatemala y Belice, pero solo en los estados de la frontera sur y con costos bajos para los trabajadores.

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Pero cuando las empresas necesitan mano de obra para zonas del centro o norte del país, los costos y requisitos migratorios aumentan considerablemente. Y esto es una desventaja si se considera que es en esos estados donde se concentran las empresas de agroindustria con capacidad exportadora.

"Si queremos ofrecer una alternativa real a la migración irregular, necesitamos que la migración regular también sea accesible", sostiene.

Como ya ha reportado Expansión, el Consejo Nacional Agropecuario ha propuesto, en el marco de la revisión del T-MEC, avanzar hacia un mecanismo regional que facilite la movilidad temporal de trabajadores agrícolas entre México, Estados Unidos y Canadá para atender la creciente escasez de mano de obra. No obstante, los especialistas reconocen que la migración sigue siendo uno de los principales vacíos del tratado.

Cabe recordar que México y la Unión Europea firmaron el 22 de mayo de 2026 el Acuerdo Global Modernizado y un acuerdo interino de comercio que sustituirán al acuerdo vigente y profundizarán la relación comercial entre ambas partes. La Comisión Europea sostiene que el nuevo acuerdo incluye compromisos jurídicamente vinculantes en derechos laborales, protección ambiental, cambio climático y conducta empresarial responsable.

Para el agro mexicano, esto implica que el reclutamiento de jornaleros migrantes puede convertirse también en un tema de acceso y permanencia en el mercado europeo, no solo en un riesgo ligado al T-MEC.

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