De puertos a algoritmos: la inversión extranjera tech entra al filtro de seguridad nacional

El porcentaje no es nuevo, pues la legislación vigente ya exige una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para determinadas participaciones superiores a 49% y para adquisiciones que rebasen el umbral económico fijado por la propia Comisión.

También existe la facultad de impedir adquisiciones por seguridad nacional. El problema es que el artículo 30 la concentra en una sola frase, sin establecer sectores, parámetros ni un procedimiento para ejercerla.

Nuevos activos estratégicos

El mayor cambio para el sector privado está en actividades que la ley actual no menciona expresamente: inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nanotecnología, biotecnología y almacenamiento de energía.

La lista también incorpora infraestructura física o virtual para tratar y almacenar datos, acceso a información sensible y productos de doble uso, es decir, desarrollos civiles que pueden tener aplicaciones militares, de inteligencia o vigilancia.

La seguridad nacional dejaría así de concentrarse en activos físicos para extenderse a algoritmos, chips, redes digitales y datos personales.

Otros sectores incluidos, como energía, transporte, minería, puertos, aeropuertos, comunicaciones y defensa, ya tienen reservas, límites de participación o autorizaciones en la legislación vigente. La iniciativa no los regula por primera vez, pero añade otra capa: examinar el riesgo que implicaría colocar una empresa o sus activos bajo control extranjero.

La reforma no solo amplía aquello que México considerará estratégico, también modifica la integración de la CNIE: Defensa, Marina y Seguridad se sumarían como integrantes con voto. Cuando se analicen asuntos de seguridad nacional también participarían, con voz pero sin voto, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La decisión seguiría en manos de la Comisión, pero el análisis incorporaría información de inteligencia, seguridad y fiscalización, además de los criterios económicos tradicionales.

¿Quién pedirá permiso?

La revisión obligatoria se activaría cuando coincidan tres condiciones: una adquisición directa o indirecta superior a 49% del capital de una sociedad mexicana; activos por encima del monto que determine la CNIE, y operaciones en una actividad sensible.

Por ejemplo, comprar 20% de una empresa de semiconductores no activaría automáticamente el procedimiento. Tampoco lo haría la adquisición mayoritaria de una startup pequeña que no alcance el umbral de activos. En cambio, la compra de 60% de un centro de datos que sí lo supere necesitaría una resolución favorable antes de cerrarse.

La firma Cuatrecasas advierte que este nuevo requisito deberá considerarse desde las primeras etapas de las fusiones y adquisiciones, pues puede modificar los plazos y condiciones de cierre.

El filtro no prohíbe la inversión extranjera en tecnología. C ambia las preguntas para fondos y compradores: quién controla el capital, qué tecnología adquiriría y qué información estratégica quedaría en sus manos.

El costo de incumplir

La iniciativa contempla multas de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la UMA. Con el valor vigente en 2026, equivaldrían a sanciones de entre 586,550 pesos y 23.5 millones de pesos. El monto efectivo dependerá del valor de la UMA vigente cuando se aplique la sanción.

El filtro no prohíbe la inversión extranjera en tecnología. Obliga a fondos y compradores a responder tres preguntas antes de cerrar una operación: cuánto vale la empresa, qué participación adquirirán y qué tecnología o información quedará bajo su control.