El decreto establece que los inversionistas extranjeros necesitarán autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando busquen adquirir, directa o indirectamente, más de 49% del capital social de una empresa mexicana, siempre que sus activos superen el monto que determine la autoridad y sus actividades correspondan a los sectores contemplados en la legislación.
El filtro no implica una prohibición general a la inversión extranjera . Su aplicación dependerá del tamaño de la empresa, el porcentaje de participación y la actividad económica.
Aunque la reforma entró en vigor este viernes 20 de noviembre, la Comisión tendrá hasta 180 días naturales para definir el valor de los activos que activará la revisión obligatoria.
Patricio Martínez, socio del área de Competencia Económica e Inversión Extranjera Directa de Pérez-Llorca, advierte que esta indefinición representa un riesgo para adquisiciones que ya fueron pactadas, pero todavía no se concretan.
Una empresa puede haber firmado un contrato meses atrás y descubrir, antes de cerrar la operación, que ahora necesita una autorización adicional.
El especialista señala que las disposiciones transitorias protegen los procedimientos que ya estaban en trámite ante la autoridad, pero no resuelven expresamente qué ocurrirá con las adquisiciones privadas firmadas que aún están pendientes de cierre.
¿Qué inversiones extranjeras estarán bajo revisión?
La reforma identifica actividades estratégicas que estarán sujetas al escrutinio de las autoridades cuando se cumplan los requisitos establecidos.
Entre ellas se encuentran la infraestructura energética, transporte, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos y sistemas digitales, además de instalaciones relacionadas con defensa y actividades aeroespaciales.
También incluye tecnologías críticas como inteligencia artificial , robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nucleares, nanotecnología y biotecnología.
El mecanismo abarca el suministro de recursos fundamentales, como energía y materias primas, la seguridad alimentaria y las empresas con acceso o capacidad de controlar información sensible, incluidos datos personales.
La legislación permite incorporar otros sectores de naturaleza semejante mediante resoluciones generales. El decreto no establece restricciones por país de origen.
Martínez explica que México se alinea con mecanismos que ya existen en Estados Unidos y la Unión Europea. Incluso, señala que la legislación mexicana retoma buena parte de los sectores considerados en la regulación europea.
Las empresas todavía no saben qué será un riesgo
Otra preocupación es que la reforma permite bloquear adquisiciones por amenazas a la seguridad nacional, pero no desarrolla criterios específicos para determinar cuándo existe ese riesgo.
Martínez considera que esta definición deberá aclararse mediante reglamentos, lineamientos o las decisiones que adopte la Comisión.
En la Unión Europea, explica, existen referencias para evaluar factores como el control gubernamental sobre un inversionista extranjero o sus antecedentes en actividades que afecten la seguridad pública.
Estos criterios pueden servir como referencia internacional, aunque no son obligatorios para México.
La falta de definiciones también puede influir en las negociaciones de compraventa, pues las empresas deberán prever posibles autorizaciones, responsabilidades y tiempos adicionales antes de concretar sus operaciones.
El especialista aclara que no considera el mecanismo un freno general a la inversión, sino un requisito que deberá incorporarse a la planeación de las adquisiciones.
México podrá autorizar, condicionar o bloquear adquisiciones
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tendrá tres alternativas al evaluar una operación.
Podrá autorizarla cuando determine que no existen riesgos para la seguridad nacional, condicionarla a modificaciones que permitan reducir las amenazas identificadas o impedir la adquisición.
Las autorizaciones también podrán establecer obligaciones posteriores, como presentar reportes periódicos y acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
La Comisión contará con 45 días hábiles para resolver las solicitudes, que deberán presentar conjuntamente la empresa mexicana y el inversionista extranjero.
A diferencia del procedimiento ordinario, en los asuntos de seguridad nacional la falta de respuesta dentro del plazo establecido no implicará una autorización automática.
Cuando los activos de la empresa mexicana no superen el umbral que defina la autoridad, la solicitud será voluntaria para adquisiciones superiores a 49% del capital social.